Uruguay debe cambiar la cultura que “normaliza” el abuso sexual de menores, dijo el viernes la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños, Mama Fatima Singhateh, al concluir una visita de 11 días al país.
Singhateh, invitada por el gobierno de Luis Lacalle Pou a examinar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual, el matrimonio infantil, la trata de menores y la venta de niños a través de adopciones ilegales, destacó la “necesidad de educación” para crear “conciencia” sobre estos problemas.
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“Hay una necesidad de cambiar la cultura en Uruguay que normaliza la explotación y el abuso sexual de menores”, dijo en rueda de prensa en Montevideo esta abogada gambiana.
Singhateh enfatizó que jueces, fiscales y abogados defensores “necesitan reeducarse, deconstruir este concepto de que una chica de 17 años que sale con un tipo de 40 años es normal. ¡No es normal, es explotación sexual! Y tenemos que entender eso”, subrayó.
Singhateh entregará su informe final sobre Uruguay al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en marzo de 2024.
Pero el viernes adelantó sus observaciones preliminares, tras reunirse con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades locales y municipales, agencias de la ONU, miembros de la sociedad civil y el sector privado, educadores, trabajadores sociales, y víctimas.
Desde el 16 de mayo, además de Montevideo, viajó a las ciudades de Paysandú, a unos 400 km al noroeste de la capital, y Chuy, a unos 330 km al este, limítrofe con Brasil.
“Uruguay sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trabajo forzoso y trata con fines de explotación sexual de mujeres y niños”, dijo Singhateh.
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La experta señaló las áreas fronterizas entre los países vecinos de Argentina y Brasil como “puntos de entrada para mujeres y niños que ofrecen temporalmente servicios sexuales”.
Y destacó el “fenómeno del tráfico interno”, “poco investigado” y “mucho menos llevado ante los tribunales”. En Uruguay “hay fiestas clandestinas” adonde se traslada a mujeres jóvenes “y se las explota sexualmente”, indicó.
Consultada sobre el caso del senador oficialista, y presidente del Parlamento del Mercosur, Gustavo Penadés, acusado por ocho presuntas víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad, Singhateh declinó pronunciarse por tratarse de una investigación “en curso”.
“Pero lo que diré es que, durante mis conversaciones con los interlocutores, ha habido la percepción por parte del público de que hay mucha impunidad en los casos, no solo en este caso, sino en general”, afirmó.
Singhateh señaló que muchas veces las personas “dudan” en denunciar “porque sienten que no saldrá nada de eso, especialmente si la persona (denunciada) está en una posición de poder”.
“Si una víctima es lo suficientemente valiente como para denunciar, tómenla en serio. Si un asunto así ha llegado a los tribunales, trátenlo con prontitud”, enfatizó.
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