El Ministerio Público boliviano investiga la muerte violenta de una joven de 18 años que fue hallada ahorcada junto a su expareja, el presunto perpetrador del posible feminicidio que se habría suicidado después de cometer el delito.
El suceso ocurrió este lunes en la madrugada en la comunidad Hardeman, en la región oriental de Santa Cruz, donde el hombre, identificado como Vicente H.V., de 24 años, llegó a la casa de su expareja, Nicol S.H., para visitar a la hija de ambos de dos años, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
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“De acuerdo con las investigaciones preliminares, se presume que Vicente H.V. habría discutido con su expareja Nicol S.H. y luego la asfixió colgándola de una viga del domicilio de la víctima y, posteriormente, se quitó la vida”, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, citado en el comunicado.
Al enterarse del suceso, funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía Boliviana llegaron a la vivienda y encontraron los dos cuerpos.
El fiscal Luis Alberto La Fuente señaló que se realizaran todas las pericias forenses, para lo cual ambos cuerpos serán llevados a la morgue del municipio vecino de Montero donde se les practicará una autopsia.
Según medios locales, el cuerpo de la joven presenta signos de violencia y se presume que su expareja la golpeó y arrastró por el piso antes de asfixiarla.
Bolivia registra 88 feminicidios en lo que va de año, según información del Ministerio de Gobierno (Interior).
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Los recurrentes casos de violencia machista colocan a Bolivia entre los países más violentos para las mujeres en la región, por lo que la gestión 2022 fue declarada por el Gobierno como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”.
Bolivia tiene desde 2013 una ley contra la violencia machista que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Las organizaciones feministas han reclamado varias veces que esa norma no se aplica plenamente por falta de recursos económicos y humanos, entre otras fallas que el Ejecutivo prometió corregir con una reforma cuyo tratamiento hasta el momento no avanzó en el Legislativo.
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