El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó en la Organización de Estados Americanos (OEA) su rechazo a los ataques en contra de los gobiernos “de extracción popular” y también a cualquier intento de quebrar el orden constitucional, a propósito de la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso de Perú.
“Si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional”, expresó el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo en Washington.
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Arce Zaconeta lamentó “profundamente lo ocurrido hoy en Perú” y que la misión de alto nivel de la OEA que estuvo en ese país para analizar la crisis política “no haya dado el resultado que se esperaba una vez más”.
Según el embajador, lo ocurrido deja dos temas para analizar, uno de ellos que hubo una “constante conspiración” y “rechazo a un Gobierno de extracción popular”.
“No es la primera vez y esperemos que sea la última en la que un gobierno popular, un gobierno indígena, un gobierno extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad de un país es profundamente rechazado por el orden político, por el orden establecido y se busca su constante derrocamiento”, opinó.
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A su juicio, “estas situaciones no deben ocurrir” y consideró que una segunda lección “también importante” que deja esta jornada es que “nada justifica un quiebre constitucional”.
“La interrupción de un orden constitucional, de un orden democrático, del Estado de derecho, de la institucionalidad republicana no se puede justificar bajo ninguna circunstancia y lo que hemos vivido hoy ha sido nomás un acto contrario a la democracia y al derecho”, expresó.
La Cancillería boliviana manifestó en sus redes sociales “su profunda preocupación por la situación de crisis política que afecta” al Perú e hizo un llamado “a todos los actores políticos a garantizar los principios democráticos, el orden constitucional y el Estado de Derecho”.
El ahora expresidente peruano Pedro Castillo fue arrestado este miércoles después de haber sido destituido por el Congreso de su país tras intentar disolver el Legislativo y convocar un proceso constituyente para evitar un juicio político en su contra.
El gesto de Castillo fue calificado de golpe de Estado por miembros de su propio Gobierno, incluida la ahora presidenta peruana, Dina Boluarte, y encontró el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
En Bolivia también se pronunciaron expresidentes como Evo Morales (2006-2019), cercano a Castillo, quien expresó en Twitter su “profunda preocupación por la crisis política” en Perú.
“Pedimos que se respete la seguridad, el derecho a la vida y convivencia pacífica y democrática. Que se respete ante todo la Constitución y los más altos intereses del pueblo peruano”, escribió.
En la misma red social, la expresidenta interina Jeanine Áñez sostuvo que “creyeron que harían de sus países su canchón (terreno). Los golpistas nacen y la dictadura los junta”.
“Como en Bolivia, el Congreso peruano avaló la sucesión constitucional ante el artero golpe institucional asestado por su presidente. Perú y Bolivia, pueblos hermanos, libres de dictadores”, manifestó Áñez, encarcelada por la crisis de 2019 en Bolivia.
El oficialismo boliviano considera que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral a favor del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) calificó de “gravísimo” el intento de Castillo de cerrar el Parlamento peruano y recordó el llamado “Fujimorazo de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.
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