Las autoridades en México prometieron justicia tras el reciente asesinato de una activista de 28 años, integrante de un colectivo que buscaba a desaparecidos, y que se encontraba en búsqueda de su esposo.
La fiscalía del norteño estado de Sonora, en la frontera con Arizona, explicó que Gladys Aranza Ramos Gurrola —integrante del colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora y quien buscaba a su esposo desde diciembre de 2020— fue asesinada a disparos la medianoche del jueves en el municipio de Guaymas por personas que arribaron a su domicilio.
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Según indicó el colectivo en un comunicado, la mujer fue privada de su libertad en su domicilio y después ejecutada después de una jornada de búsqueda en la que una zona donde se habían encontrado “varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo”.
”Ese ejido es un lugar de exterminio activo”, agregó la organización tras pedir a las autoridades protección y que no haya impunidad. ”Se hará justicia”, dijo el viernes la fiscalía en su cuenta oficial de Facebook.
“Es de cobardes privar de la vida a una mujer por sólo buscar su esposo desaparecido”, una activista a la que este departamento calificó de “valiente, activa, entusiasta y solidaria” en las acciones de búsqueda.
Las autoridades dijeron que abrieron varias líneas de investigación, una de ellas relacionada con el activismo que realizaba la joven. ”Nos indigna y duele que quienes buscamos tengamos riesgo de ser asesinadas”, denunciaron los colectivos del estado donde, según cifras oficiales, hay más de 4.000 desaparecidos. “Nos están matando”.
Cifras de espanto
Según datos dados a conocer por el gobierno federal el lunes, un total de 68 defensores de los derechos humanos y activistas ambientales han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018. Ramos Gurrola sería la número 69.
México tiene más de 87.800 desaparecidos reportados desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó su guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico. Durante los dos años y medio de este gobierno han sido reportadas como no localizadas más de 21.000 personas.
Desde hace años, familiares de los desaparecidos se unieron para buscar ellos mismos a sus seres queridos pese a los peligros que eso conllevaba y a las amenazas que muchos sufrieron. En muchos casos, han sido estos grupos los que han localizado cientos de fosas clandestinas en todo el país, aunque con el gobierno actual se creó una Comisión Nacional de Búsqueda que ahora suele acompañar la mayoría de los rastreos.
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