La nueva caravana conformada por unos 6.000 migrantes, en su mayoría de países centroamericanos y de Haití, retomó este domingo su marcha por el estado de Chiapas, en el sur de México, pero avanza a paso lento y bajo estricta vigilancia de agentes de migración y de la Guardia Nacional.
En su segundo día de recorrido, todavía muy cerca de la frontera con Guatemala, los migrantes buscan completar unos 15 kilómetros, distancia que recorrieron el sábado, y mantienen firme su propósito de llegar a la Ciudad de México y posteriormente dirigirse hacia Estados Unidos.
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Tras pasar la noche y descansar en la comunidad de Álvaro Obregón, todavía en la ciudad Tapachula, este domingo a las 8.00 horas (13.00 GMT) el grupo de migrantes se dirigió a la carretera con rumbo al municipio de Huehuetán.
Aunque su intención inicial es salir del estado de Chiapas, que tardarán en recorrer varios días, los extranjeros tienen como meta llegar a la capital mexicana para regularizar su situación ante el Instituto Nacional de Migración (INM).
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Con vigilancia mediante vehículos en vanguardia y retaguardia, la caravana camina los primeros kilómetros de una travesía de unos 1.160 kilómetros hasta la capital mexicana.
DISPUESTOS A TODO
“Esta marcha es por la libertad, vamos con Dios, él es quien nos va guiando y tenemos la idea de llegar a Estados Unidos”, dijo a Efe el cubano Pablo Iván Cifrian, quien aseguró no le importa caminar “10, 20, 30 y 50, 100 o 1.000 kilómetros”.
Además, comentó que para llegar a su objetivo están “dispuestos a romper barreras y todo lo que se ponga por delante” ya que su meta es llegar con este contingente a la Ciudad de México.
En tanto, la hondureña Kari Pineda contó que se unió a la caravana para huir de la pobreza, la inseguridad y la corrupción que se vive en su país y en busca de mejores oportunidades.
“Tenemos la esperanza de llegar a Estados Unidos para trabajar y darle un mejor futuro a nuestros hijos”, sostuvo.
La idea de Pineda es llegar a Estados Unidos a buscar trabajo y ganar dinero para poder construirle una casa a sus hijos ya que la que tenía fue destruida por el paso de los huracanes en 2020.
En tanto, Denis, un cubano que viaja en compañía de su esposa, relató que ambos cuentan con pasaporte pero se integraron a la caravana para llegar a la Ciudad de México y comenzar sus trámites de estancia legal en el país.
La mayoría de los viajeros denuncian una nula atención de las autoridades mexicanas para cumplir trámites en el país y algunos, con más de un año en Chiapas, salieron al camino como respuesta a la política de contención que el Gobierno ha desplegado en la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
La ONG Pueblo Sin Fronteras denunció “la conversión de Tapachula, Chiapas, en ciudad cárcel”.
En un comunicado, la organización dijo que “miles de personas migrantes han sido atrapadas en esta ciudad, que no tiene los recursos ni la voluntad política para atender sus necesidades y garantizar sus derechos humanos”.
Señaló que el Gobierno mexicano ha actuado bajo presión y amenaza económica de Estados Unidos y por ello utiliza “engaños y trabas burocráticas” de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) junto con la corrupción, abusos y deportaciones arbitrarias del Instituto Nacional de Migración (INM).
Además, consideró que se vale de la fuerza militar de la Guardia Nacional (GN) “para detener por medio de la coerción y la violencia a personas en necesidad de libertad de tránsito y protección internacional. Es necesario y justo que se rompa el cerco carcelario antimigrante de Tapachula”.
Para no ser sorprendida por las autoridades, la caravana busca avanzar a un mismo paso y esperan a mujeres y niños para evitar que queden rezagados y sean detenidos.
Este grupo se puso en marcha luego de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas de migrantes que también partieron de Tapachula.
Entonces, varias agencias de la ONU y ONG criticaron el uso de la fuerza en los operativos para desintegrar las caravanas.
La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020.
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