Una jueza federal de Nueva York aceptó el miércoles el inusual pedido del gobierno estadounidense de desestimar graves cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, que fue liberado de prisión y llegó a México horas más tarde, donde es investigado.
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En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Amon confirmó que el pedido proviene del propio fiscal general estadounidense, William Barr.
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“Esta decisión (...) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado”, dijo Amon en presencia de Cienfuegos.
El acusado aceptó el acuerdo que retira los cargos en su contra desde su llegada a México, y horas más tarde llegó a su país, dijo el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, en una carta enviada a Amon en la noche del miércoles.
Cienfuegos no enfrenta cargos en México, aunque el gobierno se comprometió a investigarlo y eventualmente a acusarlo si existen pruebas de que cometió crímenes.
Al llegar a México, el exministro proporcionó a las autoridades “toda su información personal y de contacto (...) donde puede ser localizado” y expresó “su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación”, reportó la fiscalía mexicana en un comunicado.
¿Investigación imparcial en México?
Sin embargo, muchos dudan de que Cienfuegos, un poderoso general en retiro de 72 años, pueda ser investigado y procesado de manera imparcial en México.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el miércoles que “no se permitirá que se fabriquen delitos” en su contra. “Tiene que haber sustento, pruebas, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia”, dijo a periodistas.
La justicia estadounidense, que dijo tener miles de grabaciones de mensajes de Blackberry que involucran a Cienfuegos, incluidas muchas suyas con narcotraficantes, indicó que ya ha suministrado pruebas a México.
Un juicio a Cienfuegos en México “es muy poco probable porque no hay evidencia de que exista un sistema de justicia avanzado y eficaz (...) ni herramientas para investigarlo”, dijo a la AFP Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad en México.
“En México no nos distinguimos por ser capaces de investigar y sancionar delincuentes”, añadió.
Al pedir a la jueza Amon que desestime los cargos, DuCharme, señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en buscar el procesamiento del acusado”.
La liberación de Cienfuegos concluye una intensa negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México tras el arresto del exministro en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre, a pedido de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que tomó a los mexicanos por sorpresa y conmocionó las relaciones bilaterales.
En su momento, los fiscales estadounidenses presentaron el caso como una ventana a la corrupción institucionalizada en México. El gobierno mexicano, en tanto, lo consideró una afrenta a su soberanía.
La justicia estadounidense acusaba a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 “a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos” entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.
Esos crímenes son castigados con un mínimo de 10 años de cárcel y una pena máxima de cadena perpetua.
Cienfuegos, que se declaró inocente, fue ministro durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Frente unido”
La decisión de pedir el retiro de los cargos fue anunciada el martes por el fiscal general de Estados Unidos y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz, “en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad”.
Cienfuegos será “investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana”, dijeron.
“Observen todo el trabajo que pusieron los investigadores en el caso Cienfuegos”, reflexionó el experto en seguridad y defensa del centro de análisis Washington Office on Latin America (WOLA), Adam Isacson.
“Ahora el general, y todos sus secretos, se regresan a casa por razones poco claras. La DEA y los investigadores del Departamento de Justicia deben estar más que furiosos ahora”, escribió en su cuenta de Twitter.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró no obstante que la liberación de Cienfuegos no es “el camino a la impunidad” sino “un acto de respeto a México” y sus Fuerzas Armadas.
Pese a que el presidente Donald Trump tachó de “violadores” y criminales a los inmigrantes mexicanos y buscó construir un muro en la frontera común de más de 3.000 km, López Obrador es uno de los pocos líderes mundiales que aún no ha reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales estadounidenses.
La detención de Cienfuegos tuvo lugar menos de un año después del arresto del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de narcotráfico por aceptar sobornos para proteger al cártel de Sinaloa y quien se enfrenta a juicio en Nueva York.
Como en el caso de García Luna, los cargos contra Cienfuegos podrían haber surgido a raíz de declaraciones de testigos del juicio contra Joaquín “Chapo” Guzmán, excapo del cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en 2019, tras un histórico proceso de tres meses en la corte de Brooklyn.