El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este miércoles como un paso en la “dirección correcta” la autorización de Estados Unidos al gigante energético Chevron para operar en el país caribeño, aunque dijo que “no es suficiente”, pidiendo levantar por completo las sanciones de Washington.
Las licencias del gobierno estadounidense “sin lugar a dudas van a la dirección correcta, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera”, expresó Maduro en una rueda de prensa.
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Chevron fue autorizado el sábado a retomar sus actividades en las cuatro empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque el Departamento del Tesoro aclaró que la estatal no deberá recibir ingresos por las ventas de la compañía estadounidense.
El anuncio se produjo después de que el gobierno de Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para gestionar la liberación de 3.000 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el extranjero por sanciones, a fin de destinarlos a proyectos sociales.
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“La idea de sacar a Venezuela del circuito económico del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial”, manifestó Maduro. “Duélale a quien le duela, tenemos que estar allí, somos una gran potencia petrolera y vamos a ser una potencia gasífera”.
Aunque formalmente mantiene la línea de la administración de Trump de desconocer a Maduro por cuestionamientos a su reelección en 2018, el gobierno de Joe Biden ha establecido contactos con el mandatario socialista en medio de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania.
Biden envió a Caracas una delegación en marzo, días después del inicio de la guerra el 24 de febrero, recordó el jefe de Estado.
Maduro, quien aseveró que Venezuela ha sido blanco de 763 sanciones y que tiene congelados al menos 24.000 millones de dólares en cuentas del exterior, dijo esperar que la liberación de recursos por el acuerdo suscrito con la oposición sea inmediata.
“Aspiramos a que esto sea inmediato, y ya, ahora, en diciembre, se liberen los más de 3.000 millones de dólares”, indicó. “Aspiramos a que no se dilate, no se retarde, por ninguna razón, el cumplimiento de este acuerdo”.
“Elecciones libres de sanciones”
Todavía no hay acuerdos en torno a las próximas elecciones presidenciales, previstas en 2024, con la exigencia de condiciones adecuadas como principal demanda de la oposición en la mesa de negociaciones.
Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá celebraron en un comunicado conjunto, el sábado, la reanudación formal del diálogo y pidieron “buena voluntad para alcanzar un acuerdo global que conduzca a la celebración de elecciones libres y justas en 2024″. Expresaron también “disposición” a revisar sanciones “en caso de progresos sustanciales”.
“Nosotros queremos unas elecciones libres de sanciones”, respondió este miércoles Maduro.
“¿Elecciones libres quieren? ¿Justas y transparentes? Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas”, agregó el gobernante venezolano.
Estados Unidos y medio centenar de países reconocieron en 2019 al dirigente opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, después de que los principales partidos políticos de la oposición denunciaran un “fraude” en los comicios presidenciales del año anterior.
Citgo sin “polvo y paja”
Maduro pidió este miércoles que Estados Unidos le devuelva a su gobierno el control de Citgo, filial de Pdvsa en ese país, otorgado a Guaidó en 2019.
“Citgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para seguir avanzando en las negociaciones que Citgo se le regrese a Venezuela completamente, libre de polvo y de paja”, comentó el heredero del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Maduro declaró que ello debe incluir los “dividendos” que ha dado la compañía desde que se le entregó a la estructura de Guaidó, que estima llegaron a 4.000 millones de dólares.
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