El deterioro de la representación recorre casi todos los países. Hace ya un tiempo los políticos tradicionales dejaron de ser, paulatinamente, los modelos del perfil deseado. Pero en esa tradición se encontraban los que vivían para la política, los que construyeron organizaciones con enclaves programáticos y que, casi con independencia del abanico de colores políticos, hacían carrera en los partidos.
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Era también el mundo en que las vidas privadas no eran asuntos públicos. La complejidad social, el avance de la tecnología y los medios, en una dinámica de la globalización trastocó ese lienzo. La frustración ante el fracaso, la desigualdad y el hartazgo ante la corrupción y el escándalo creó la esperanza de que, entre los ajenos a la política, los distanciados de los partidos, los críticos de las instituciones, se encontraría a los verdaderos, genuinos y no contaminados hombres y mujeres que harían las cosas distintas.
En el Perú, ese cambio lo observamos desde la década de los noventa. Oleadas de nuevos políticos desplazaron a los antiguos, con mensajes y métodos de hacer política que lograron atraer a votantes. La política dejó el formalismo y la vida privada se convirtió en un asunto público. Pero, si bien algunos lograron hacerse un lugar, una creciente mayoría encontró en los puestos de representación el mejor lugar para perforar la caja pública, aprovechar su posición de poder para beneficio propio o lograr una puerta de entrada en el nuevo edificio de la impunidad que, otros como ellos, construyeron con especial esmero.
Se pasó de los que, como decía Max Weber, vivían para la política a los que vivían de la política. Es decir, los que viven de ella como fuente para obtener ingresos y beneficios duraderos. Así han transitado cientos, sobre todo, parlamentarios. Un grupo no pequeño, postulando con procesos en curso que alcanzaron la gloria, es decir, un escaño, para suspirar con la tranquilidad que sus colegas le proporcionaban. Los delitos anteriores no se pagaban y los nuevos se pasaban por alto gracias a la inmunidad parlamentaria.
Dos de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) tenían como propósito frenar y disminuir el acceso y la permanencia de quienes habían delinquido o los que lo hacían, bajo la investidura parlamentaria. Por eso se propusieron dos modificaciones constitucionales. Impedir que postulen aquellos que tenían sentencias en primera instancia por delitos dolosos y modificar la figura de la inmunidad parlamentaria. La primera se aprobó hace unos meses y esta semana aquella que señala que los congresistas que son procesados por la comisión de delitos comunes durante el ejercicio de su mandato serán de competencia de la Corte Suprema de Justicia y, para el caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, será competente el juez penal ordinario. En pocas palabras, la inmunidad parlamentaria, tal como la conocíamos hasta ahora, ha desaparecido. Si bien esto no cambia todo, algo de higiene política se ha ganado.
*Presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP).
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