La desigualdad en el acceso a una educación de calidad afecta el desarrollo de las personas y las posibilidades de crecimiento sostenible y bienestar de la sociedad en su conjunto. Las desigualdades sociales y geográficas en el acceso al aprendizaje son bastante evidentes desde la infancia y se amplifican a lo largo de la vida. El Índice de Capital Humano (ICH), el cual mide la contribución de la educación y la salud a la futura productividad de los trabajadores, nos brinda un ejemplo de esta preocupante realidad. En promedio, un niña o niño nacido en Moquegua o Tacna tiene un ICH equiparable al de uno nacido en Luxemburgo, mientras que una niña o niño nacido en Loreto o Huancavelica posee uno similar al de uno de Nicaragua. Asimismo, solo 3 de cada 10 estudiantes transitan a la educación superior; de estos, la tercera parte proviene del quintil más rico de la población y menos de la décima parte proviene del quintil más pobre.
El cierre de los centros educativos y la caída de los ingresos debido a la pandemia han agravado esta situación precaria y desigual, arriesgando el futuro de más de 10 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El cierre escolar de 10 meses del 2020 se traduciría en una reducción del aprendizaje de hasta un 7% para el quintil más pobre, casi el doble del efecto que habría tenido en el quintil más rico. En educación universitaria, la tasa de interrupción de estudios se incrementó al 18% en 2020, comparado con el 12% en 2019, según Minedu. Asimismo, las pérdidas de empleo amenazan la continuidad de los estudios superiores no universitarios dado que el 32% de sus estudiantes pertenece al quintil de menores ingresos y más de la mitad trabaja para pagar sus estudios.
El Banco Mundial ha preparado la serie de notas de política “Repensar El Futuro del Perú” que ofrece alternativas para enfrentar los principales desafíos del país, entre ellos los de educación. En esta área, se plantea priorizar medidas enfocadas en cerrar las brechas que la pandemia ha profundizado. A nivel de educación básica se propone trabajar en dos ejes: (i) la respuesta inmediata a los efectos de la pandemia y (ii) la agenda educativa de largo plazo. A nivel de educación superior se recomiendan acciones en función a los tres momentos clave por los que transita el estudiante: (i) la elección de qué estudiar y dónde, (ii) el aprendizaje durante la etapa de estudio y (iii) las opciones al egresar.
Cinco aspectos destacan entre las acciones a priorizar para impulsar la educación básica. Uno, asegurar condiciones adecuadas de agua y saneamiento en los centros educativos. Dos, priorizar la nivelación de los aprendizajes enfocada en los estudiantes más vulnerables. Tres, invertir decididamente en conectividad y competencias digitales. Cuatro, continuar fortaleciendo la carrera magisterial y asegurar que los estudiantes de las zonas más alejadas cuenten con docentes preparados. Cinco, reforzar el trabajo multisectorial para el desarrollo infantil temprano.
A nivel de educación superior, destacan cuatro áreas de acción. Uno, informar a los estudiantes para que puedan escoger programas de calidad, considerando sus niveles de preparación y los retornos económicos. Dos, ofrecer mayores oportunidades de apoyo económico para que puedan continuar sus estudios. Tres, seguir fortaleciendo el trabajo de Sunedu para asegurar una oferta de educación superior de calidad, tanto al nivel de las universidades como de los institutos. Cuarto, asegurar una educación superior modular y flexible, que, por ejemplo, permita la convalidación entre los estudios no universitarios y universitarios.
Priorizar el cierre de brechas en la educación significa apostar por un futuro post pandemia en el que el país capitalice el potencial de millones de estudiantes. El escenario electoral ofrece la oportunidad para debatir sobre las políticas necesarias para brindar una educación de calidad, que actúe como un vehículo de para dinamizar la productividad e impulsar la prosperidad compartida.