Esto no lo van a escuchar en los medios conservadores de Estados Unidos, pero el presidente estadounidense, Joe Biden, acaba de anunciar sanciones mucho más severas a la dictadura de Nicaragua que las que había impuesto el expresidente Donald Trump.
El 16 de noviembre, Biden anunció una prohibición general a los miembros del gobierno de Nicaragua de ingresar a Estados Unidos.
La medida, que se espera que afecte a miles de funcionarios nicaragüenses y sus familias, fue en respuesta al fraude electoral del 7 de noviembre. El dictador nicaragüense Daniel Ortega se reeligió a sí mismo por cuarto período consecutivo, tras encarcelar a todos los principales candidatos de la oposición.
La prohibición de viajar a Estados Unidos se aplicará a todos los “funcionarios electos” de Nicaragua, incluidos Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. También están incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y sus aliados en el sector privado.
Las nuevas medidas van mucho más allá de las sanciones selectivas contra algunos funcionarios nicaragüenses que impuso Trump después de las protestas callejeras del 2018, que dejaron más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Biden también anunció un día antes, el 15 de noviembre, medidas coordinadas con Gran Bretaña y Canadá para prohibir a las empresas que operan en sus países hacer negocios con el Ministerio Público de Nicaragua. Eso incluye todo tipo de transacciones comerciales, incluida la venta de computadoras y programas de software.
Y, a juzgar por lo que escucho de funcionarios estadounidenses, Biden podría anunciar aún más sanciones contra el régimen de Ortega.
La gran pregunta ahora es si la Unión Europea y las democracias latinoamericanas harán lo mismo y prohibirán a los funcionarios nicaragüenses ingresar a sus países. Fuentes de la oposición nicaragüense me dicen que las últimas medidas de Biden son importantes, pero serían aún más devastadoras para Ortega si otros países las emularan.
Hay razones para ser optimistas. España, que junto a Estados Unidos es el destino favorito de muchos nicaragüenses, ha emitido un comunicado oficial en el que condena las recientes elecciones nicaragüenses como una “burla”.
El gobierno del Partido Socialista de España podría imponer sanciones a Nicaragua, en coordinación con todos los demás países europeos, me dijo un diplomático europeo. Es un proceso burocrático lento, pero que ya está en marcha, agregó.
Desafortunadamente, lo que es más dudoso es que muchos países latinoamericanos adopten sanciones contra el régimen de Ortega.
La Organización de Estados Americanos aprobó el 12 de noviembre una condena a las elecciones nicaragüenses. Sin embargo, si bien la votación fue apoyada por 25 países, con siete abstenciones y un voto –Nicaragua– en contra, la resolución no incluyó sanciones.
Lo más vergonzoso es que un país importante como México esté entre los que se abstuvieron. El presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, aduce que México no opina sobre los asuntos internos de otros países, pero él mismo se entromete constantemente en los asuntos internos de democracias de centro y de centro-derecha.
Las sanciones contra Ortega son una medida bien pensada, porque no afectan al pueblo nicaragüense, sino solo a miembros y colaboradores de la dictadura. Y es la primera vez que Washington toma medidas importantes contra Ortega en coordinación con otros países, como Gran Bretaña y Canadá.
Biden, que sigue siendo objeto de ridículas afirmaciones de los conservadores estadounidenses de que supuestamente es un “socialista”, ha hecho que Trump parezca un blandengue con respecto a la dictadura nicaragüense.
Es hora de aplaudir las sanciones de Biden y de pedir que las democracias europeas y latinoamericanas anuncien sanciones similares. Porque si Ortega se sale con las suyas, otros presidentes de otros países seguirán sus pasos.
–Glosado y editado–
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