Privaticemos los servicios de aeronavegación
Gonzalo Pérez-Wicht
Córpac podría funcionar muy bien en su condición actual de empresa pública de derecho privado; lamentablemente, nuestro Aquiles tiene dos talones que afectan negativamente su desempeño, uno es la injerencia política y el otro es la desalineación entre los incentivos de la burocracia estatal y los objetivos del servicio público.
Un botón de muestra es la inestabilidad del personal directivo (tres presidentes de directorio, dos gerentes generales y seis gerentes centrales de navegación aérea, en solo 12 meses entre el 2021 y el 2022), lo que revela la injerencia externa y el desconocimiento de la complejidad funcional de los servicios de aeronavegación (ANS). De otro lado, algunos malos dirigentes sindicales han procurado cuotas de poder y beneficios a costa de disminuir, e incluso paralizar, el servicio a los usuarios, jugando en pared con algunas autoridades e interfiriendo en la gestión empresarial.
Estos males endémicos desaparecerían en una gestión privada, con el debido marco contractual de concesión, sujeta desde luego a la actuación del organismo supervisor tratándose de condiciones monopólicas y cumpliendo las regulaciones técnicas y operacionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC (DGAC).
En tal sentido, todas las funciones de los ANS, excepto búsqueda y salvamento (SAR) a cargo de la FAP, pueden muy bien ser responsabilidad de una entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, o de un organismo público autónomo, pero requeriría de una modificación constitucional.
Aquí cabe recordar que el transporte aéreo comercial en el Perú genera más de 350 mil empleos y US$5 mil millones de valor agregado bruto a nuestra economía, con un envidiable potencial de crecimiento del 10% anual.
Finalmente, en torno de la crisis reciente, no dudaría de la integridad de los actuales directivos de Córpac, pero preocupa el Leviatán de la gestión estatal. El modelo de las empresas públicas sigue siendo entrópico e ineficiente. A la más importante de estas, S&P le ha bajado la calificación a ‘B’ y va camino de la insolvencia. Juan Velasco creía que el Estado podía ser empresario y los peruanos nos habíamos acostumbrado tanto.
Concesionemos los ANS. Cambiemos el modelo.
Reorganizarla totalmente o privatizarla
Carlos Gutiérrez
Como sabemos, Córpac fue creada en 1972 por el gobierno militar de Juan Velasco y está a cargo de los servicios de control de tránsito aéreo, así como de la operación, equipamiento y conservación de varios aeropuertos comerciales en el ámbito nacional; entre los principales, Cusco, Jaén y Jauja.
No obstante, en sus más de 50 años ha presentado recurrentemente fallos en su servicio y en su propia gestión, que hacen que esta empresa no sea eficiente.
El más reciente capítulo en esta historia ocurrió el pasado 2 de junio cuando se cortó la energía y las luces de cabecera de la única pista activa del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta quedó inutilizada por más de diez horas y afectó a miles de pasajeros y cientos de vuelos, dejando la imagen del país por los suelos.
Es importante recordar que esta no es la primera vez que todos los usuarios del servicio aéreo nos vimos afectados negativamente por una deficiente actuación de Córpac, puesto que anteriormente vivimos las consecuencias de nefastas huelgas convocadas principalmente por el Sucta (el sindicato de controladores aéreos), y lo más llamativo fue lo acontecido en el 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia los servicios de control de tránsito aéreo en el territorio nacional.
De igual modo, en cuanto a la operación de los aeropuertos bajo su administración, su gestión no ha sido la más adecuada: Jauja con limitación de operaciones y Jaén sin operaciones porque la pista reparada hace algunos meses se volvió a romper a los pocos días.
La pregunta que se cae de madura es: ¿qué podemos hacer para que sea una empresa eficiente y brinde el servicio de excelencia que todos los peruanos merecemos?
La respuesta puede ir desde una completa reorganización de la empresa pública, pasando por la revisión de sus funciones, hasta contemplar la posibilidad de su privatización. Esto último no es novedad, puesto que varios países tienen estos servicios privatizados. Lo que no nos podemos permitir es no hacer nada.