El presidente Castillo aseguró en CADE que “los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. […] En el país existe y seguirá existiendo seguridad jurídica y reglas claras”. ¿Eso es verdad, considerando que hace pocos días, con ocasión de los primeros 100 días de su gobierno, proclamó que la asamblea popular constituyente “es un grito popular”, que la primera ministra delata cada vez que puede su nostalgia por el “momento constituyente”, que varios ministros defienden la necesidad de esa asamblea y que Perú Libre, que rompe y no rompe con el Gobierno, sigue recogiendo firmas?
Para invertir en el Perú se requiere tener confianza en el futuro. Pero este Gobierno ha destruido esa confianza. No solo por la asamblea constituyente, que es una espada de Damocles inconstitucional e improcedente, sino porque está agravando todos los problemas estructurales que frenan nuestro desarrollo.
Tener una educación basada en la meritocracia, que nos haga competitivos en la economía del conocimiento, es requisito fundamental para crecer. Sin embargo, el Gobierno está empeñado en deshacer los pocos avances que con gran dificultad habíamos conquistado en ese terreno.
Permitir la inclusión empresarial en la formalidad de las mayorías informales peruanas es primordial para capitalizar la energía emergente de los emprendimientos populares y resolver una injusticia secular, pero el Gobierno propugna una Agenda 19 que lapida cualquier inclusión solo para favorecer a la profundamente egoísta y ciega oligarquía laboral. Ahora ha convocado al ritual del Consejo Nacional del Trabajo, solo para que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se retire apenas se intente abordar los problemas de fondo.
¿Cómo vamos a tener confianza en el futuro si el Gobierno hace todo lo posible por sabotear el plan de implantar la meritocracia en el Estado reafirmando la validez de la ley que nombra a los CAS sin concurso y sin evaluaciones, y si el propio ministro Francke siembra bombas de tiempo fiscales al respaldar que los aumentos estatales se hagan por negociación colectiva sin control?
Formalizar y ordenar el transporte urbano en la capital es indispensable para mejorar el nivel de vida del 90% de los limeños que usan transporte público y para aumentar la productividad de una ciudad gigante como Lima, pero el ministro de Transportes petardea los intentos para avanzar en la reforma del sector.
Una mezcla de ideología con intereses gremiales y mafiosos trepados en el Gobierno está destruyendo el futuro. Pero el Gobierno se está creyendo el cuento de que con sus políticas está logrando una espectacular reactivación de la economía. Lo dijo el presidente y lo repite Francke. Lo que tenemos es un rebote y las inversiones que vemos ahora fueron las que se gestaron seis u ocho meses atrás, cuando las expectativas eran positivas. La verdad es que ya en el último trimestre móvil, el empleo, que se venía recuperando, ha vuelto a desmejorar: según el INEI, el empleo adecuado ha vuelto a retroceder en relación al 2019 (de 21,7% en el trimestre móvil previo a 22,7%) y el subempleo ha vuelto a aumentar (de 23,9% a 29,8%). A este paso, durante el próximo año, la pobreza podría volver a subir luego de haber caído este año. Y esto en circunstancias en las que con los precios de los minerales que tenemos podríamos estar creciendo 7% u 8%.
Pero el Gobierno cree que estamos en el mejor de los mundos y no se siente responsable ni siquiera del incremento del precio del dólar. Castillo dijo en CADE: “algunos sectores no me dejaron de tildar de […] responsable del aumento de precios de combustibles, del dólar, de los alimentos”, acusando implícitamente a las empresas, por supuesto. Es que la ideología todo lo puede cuando de arruinar el país se trata.