El 2019 termina con un Congreso de la República disuelto y un Poder Ejecutivo cuya gestión necesita más determinación y dinamismo. Las altas rotaciones de ministros impiden mayores avances. Solo en salud, desde julio del 2016 van sumando seis, con la consecuente renovación de cuadros directivos y los retrocesos que ello implica. En este contexto, sin embargo, el Gobierno ha promulgado tres decretos de urgencia que, bien ejecutados, cambiarán dramáticamente el escenario sanitario.
El Decreto de Urgencia 007-2019 declara que los medicamentos son productos biológicos y dispositivos médicos, parte esencial del derecho a la salud, y dispone medidas para garantizar su disponibilidad. En la práctica, plantea ordenar el proceso de abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para lo cual declara como “dueño” de este proceso al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Se le asigna las funciones de operador logístico y la responsabilidad de redistribución entre las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas en todo el país.
Tener una entidad rectora que gestione adecuadamente el abastecimiento de medicamentos deberá permitir definir estrategias para cada uno de sus procesos –programación, adquisición, almacenamiento y distribución– y vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Es un escenario que también ofrece oportunidades interesantes de colaboración con el sector privado. No obstante, queda pendiente determinar indicadores de desempeño, algo fundamental para garantizar los resultados y realizar labores de seguimiento y fiscalización.
Otro aporte de este decreto es que establece el “nivel de servicio” como resultado esperado del abastecimiento, entendido como la diferencia entre los medicamentos recetados a los pacientes y aquellos que efectivamente reciben. El proceso cambia el enfoque tradicional centrado en las existencias físicas de los bienes buscando la “disponibilidad” y se orienta a cubrir la demanda real y garantizar su acceso. Lamentablemente, en este caso tampoco se precisa un indicador asociado como estándar para realizar el monitoreo y evaluación.
También tenemos el Decreto de Urgencia 017-2019, que amplía la cobertura de salud a todos los peruanos. Aplausos por ello. Es fundamental empezar por reconocer el derecho a la salud de todos los residentes en el Perú. Sin embargo, el incremento en el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) anunciado para el 2020 será insuficiente para afrontar este gran reto: S/192,6 millones adicionales. Según hemos estimado en Videnza Consultores, asumiendo que dicho presupuesto extra se destinara exclusivamente a cubrir a los nuevos asegurados (4,5 millones de personas), se necesitarán S/981 millones adicionales. Esto sin contar con que se requiere gestionar la demanda y construir una mejor oferta prestacional donde, nuevamente, el sector privado tenga un rol clave aportando conocimiento y capacidades.
Por último, el Decreto de Urgencia 028-2019 propone medidas extraordinarias para el sostenimiento y equilibrio financiero de Essalud, y para garantizar el derecho fundamental a la salud de los asegurados. Esto pasa, irónicamente, por mejorar los ingresos por aportes que le corresponden al Estado como empleador; es decir, que el mayor empleador de nuestro país cumpla con las obligaciones que él mismo ha fijado. El decreto establece que estos recursos adicionales se designarán para la ejecución de las inversiones para nuevos establecimientos de salud, concluir los proyectos en ejecución, realizar mejoras en la infraestructura existente, y garantizar el mantenimiento y la operación de la nueva oferta asistencial.
Las disposiciones contenidas en estos tres decretos de urgencia exigirán mayores capacidades en los actores del sistema. Y, de gestionarse adecuadamente, permitirán ampliar la cobertura sanitaria en el país. Por ello, este 2020 debe empezar por establecer una hoja de ruta clara y competente. Las nuevas cabezas del Ministerio de Salud tienen un reto enorme por delante, y el apoyo de todos los peruanos que queremos y necesitamos un sector salud eficiente y equitativo.