Atacar al mensajero debe ser el recurso más manido del político que se siente acorralado. Luego de rechazar las acusaciones en su contra, sin dar más explicaciones que la sola negativa, el político que se queda sin defensas suele ubicarse en el papel de víctima, y disfraza como victimario o bien a “la oposición golpista”, a “los fiscales complotadores” o a “la prensa concentrada”. El presidente Pedro Castillo ha querido compensar la escasez de argumentos con la multiplicación de verdugos, porque acusa a los tres: a la “ultraderecha”, a la “prensa monopólica” y al Ministerio Público de conspirar contra él.
La difusión del testimonio de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, ha sido el detonante que ha motivado la trillada respuesta del mandatario. Las declaraciones efectuadas por la lobbista han sido recogidas y desarrolladas por diversos medios de comunicación, entre ellos, IDL-Reporteros, “La República”, Sudaca, Latina Noticias, Panamericana Televisión, América Televisión y El Comercio, un elenco con multiplicidad de orígenes empresariales y variedad editorial que, por sí solo, convierte en descabellada la idea de una conjura proveniente de una “prensa monopólica”.
En cambio, sí goza de verosimilitud aquello que ha sido expuesto por Karelim López sobre la existencia de una mafia de corrupción enquistada en los sectores de Transportes y Vivienda, con el liderazgo del presidente de la República. Ambos sectores están encabezados por ministros vastamente cuestionados, Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, pero que Castillo ha decidido mantener pese a los escándalos y constantes recomposiciones del Gabinete.
Del mismo modo, que Karelim López tenga un conocimiento privilegiado de lo que sucede en el entorno presidencial más íntimo parece creíble, dada la frecuencia con la que visitó Palacio de Gobierno (seis veces) y la fiesta que allí organizó para la hija del mandatario. López, además, acudió –hasta donde se sabe, por lo menos, una vez– al inmueble de los cónclaves presidenciales clandestinos, ubicado en jirón Sarratea.
Las sombras de sospecha se acrecientan debido a que el propio jefe del Estado escogió no transparentar la lista de visitantes al “Palacio de Breña” –incumpliendo la promesa que hizo la entonces jefa del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez–. Por el contrario, Castillo terminó destituyendo al procurador general Daniel Soria que lo había denunciado por tráfico de influencias, y premiando con un ascenso a la PCM a quien se convirtió en su acérrimo defensor, Aníbal Torres. Asimismo, fue Castillo, y nadie más, quien cambió de versión sobre haberse entrevistado con la señora López. Al periodista Fernando del Rincón de CNN le dijo que sí se reunió con ella, pero ante la fiscalía lo negó.
Castillo nunca quiso responder a la ciudadanía. Ni por Sarratea ni por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Calló cuando se destaparon las irregularidades del millonario contrato con el consorcio Puente Tarata III –integrado por una empresa relacionada a Karelim López– y también cuando se advirtió de la sospechosa licitación para la adquisición de biodiésel, adjudicada a la compañía de un empresario que días antes se habría reunido con Castillo y el gerente general de Petro-Perú en Palacio.
Los tuits de Pedro Castillo y su escueto mensaje a la Nación muestran a un presidente asustado que apuesta por la victimización como recurso, pero que más parece manotazo de ahogado.
El presidente de la República escogió el camino de la opacidad y el silencio. Si las acusaciones que ahora pesan en su contra gozan de mayor credibilidad que la “palabra de maestro”, Castillo no necesita buscar fantasmas para atribuirles responsabilidad; solo debe mirarse al espejo.