Si hubiera una medalla de oro olímpica para la cobardía, debería ser dada al Comité Olímpico Internacional (COI) por ignorar totalmente –en contra de su propio reglamento– el tema de los abusos a los derechos humanos en China durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en Beijing.
La medalla de plata debería ir para el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que asistió a los juegos de Beijing a pesar de que varias de las democracias más grandes del mundo y cientos de grupos de derechos humanos le pidieron que se quedara en casa.
Y la medalla de bronce por desprecio a los derechos humanos debería ir para los jefes de Estado de Rusia, Argentina, Ecuador y otros quince países que asistieron a la ceremonia inaugural, desafiando el boicot diplomático de las principales democracias del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los jefes de Estado de Canadá, Reino Unido, Dinamarca y Japón, entre otros, decidieron no ir a Beijing, aunque permitieron que los atletas de sus países vayan y compitan.
Para ser justos, sería difícil exigirle a muchos países que se unan al boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing, o que denuncien al régimen chino estando allí. China es la segunda economía más grande del mundo y, para muchos países, su mayor mercado de exportación.
Pero lo mínimo que el COI, Guterres y los dignatarios visitantes podrían haber hecho es enviar representantes a los juegos, en lugar de ayudar a legitimar y darle un empujón propagandístico al régimen de China.
El COI tiene una larga tradición de desprecio por los derechos humanos, a pesar de que sus propios reglamentos, según su página de Internet, estipulan que “en todo momento, el COI reconoce y defiende los derechos humanos”. En los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, el COI hizo poco para presionar a China para que cumpliera sus promesas de permitir manifestaciones restringidas de activistas del Tíbet.
El COI ha incluido cláusulas de derechos humanos en sus contratos con París para los Juegos Olímpicos del 2024 y con Milán para los Juegos Olímpicos del 2026. Pero no ha hecho nada por el estilo con China.
El COI dice que decidió incluir cláusulas de derechos humanos en futuros contratos con países anfitriones en el 2017, pero que su contrato con China se había firmado dos años antes y, por lo tanto, no contiene tales disposiciones. Aún así, el COI podría haber al menos planteado el tema de las violaciones de derechos en China, pero ha optado por no hacerlo.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también debería estar especialmente avergonzado de haber asistido a la ceremonia de apertura, considerando que Argentina fue elegida en diciembre como presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
¿No podrían los presidentes de Argentina, Ecuador y otras democracias haber visitado China después de las competencias? ¿Y no deberían también las empresas multinacionales que patrocinan los Juegos Olímpicos rendir cuentas por el rol que están jugando?
Solo podemos esperar que algunos de los 2.700 atletas extranjeros que están compitiendo en Beijing digan algo sobre los derechos humanos en China. De lo contrario, si nadie dice nada y el COI no es obligado a respetar sus propios reglamentos, estos Juegos Olímpicos alentarán aún más a China –y a otros países– a seguir reprimiendo los derechos humanos y las libertades básicas.
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