La “maldición de los recursos naturales” –expresión usada para explicar cómo algunos países que cuentan con el facilismo de ingentes ingresos por la venta de petróleo o minerales tienden a producir gobiernos autoritarios, estatistas y populistas, que concentran el poder en un gran redistribuidor y se anulan otras actividades (Venezuela es el caso típico y fallido)– tiene una particular aplicación en nuestro país con el gobierno de Pedro Castillo.
En efecto, los elevados ingresos fiscales generados por la minería, gracias a los buenos precios internacionales, le permiten al Gobierno disfrazar y financiar el notorio desgobierno que le inflige al país. Gracias a la inyección de ingresos mineros y a las actividades irrigadas por la minería, los desatinos de sus decisiones y de su política general no tienen los efectos económicos tan negativos que normalmente tendrían. En el 2021, la presión tributaria subió al 16,1% del PBI, la más alta de los últimos siete años.
Entonces, la “maldición” consiste en que podemos seguir adelante con la erosión creciente de los pilares del modelo que nos permitió crecer a tasas elevadas –lo que, siendo justos, comenzó años atrás y se acentuó gravemente con el infausto Congreso transitorio anterior–, sin que la situación llegue a niveles críticos, gracias a los ingresos de la minería. Si tenemos dinero, ¿para qué recuperar fundamentos y hacer reformas? Sigamos con el dispendio, regalando dinero, permitiendo que los aumentos a los trabajadores estatales se hagan por negociación colectiva sin límites puestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anulando toda meritocracia en el Estado al nombrar todos los CAS sin concurso y sin pasar el régimen Servir, agravando el costo de la formalidad laboral, y así sucesivamente. Y sigamos jugando a la asamblea constituyente…
La “maldición” tiene otro aspecto: le permite al Gobierno creerse la historia o hacerle creer al país que algunos indicadores positivos son el producto de sus políticas. Le facilita el autoengaño y el engaño. Así, Pedro Francke escribe en este Diario que el crecimiento de 13% del año pasado, superior a lo previsto, se debió no solo al “rebote esperado tras un año de pandemia”, sino a “las medidas tomadas para reactivar la economía” por el gobierno de Pedro Castillo.
¿Cuáles medidas? Fueron justamente el precio de los minerales y los efectos de los préstamos Reactiva del 2020 e inicios del 2021 los que nos hicieron crecer 13%. Hubiéramos crecido mucho más con políticas sensatas. Argumenta Francke que la inversión privada remontó 13% por encima del 2019. Claro, como respuesta a expectativas de los primeros meses del año. Pero ya desde octubre la inversión privada declina y el IPE pronostica que será negativa en 9% este año. Por eso, el ingreso promedio de la población en Lima Metropolitana ha comenzado a bajar nuevamente desde el trimestre móvil julio-agosto-setiembre, luego de haber estado recuperándose después de la pandemia (INEI). El de los informales está más de 20% debajo de los niveles del 2019. Es terrible. Para no hablar de la inflación de 6,4%, la más elevada de los últimos 13 años, y más alta aún para los más pobres, impulsada por un dólar acicateado por la incertidumbre.
Pero Francke insiste en su relato: la inversión pública creció ¡38%! Lo que no dice es que ese resultado, sin duda muy bueno, corresponde a los meses anteriores al gobierno de Castillo. Más bien, en los tres últimos meses del año pasado, el crecimiento de la inversión pública ha sido negativo, según el MEF (“Gestión”).
La “maldición” le permite a Castillo prolongar indefinidamente su estado de indecisión política y confusión mental, que mantiene la incertidumbre y ahonda la parálisis económica, desperdiciando de manera criminal el formidable ciclo de altos precios de los minerales, que traería mucho empleo y mejores ingresos al pueblo peruano si fuera aprovechado. Es lamentable. Sublevante.