Hoy celebramos el 487° aniversario de la fundación española de Lima y hace poco recordábamos la figura de Luis Castañeda (1945–2022), una de las autoridades políticas más importantes que ha tenido nuestra ciudad en las últimas décadas. Todo esto, en un año electoral en el que elegiremos una nueva generación de gobernadores y alcaldes.
La trayectoria política de Castañeda es interesante y reveladora de los cambios ocurridos en nuestro país. Castañeda inició su experiencia municipal como regidor, electo por Acción Popular en 1980, pero ganó notoriedad política como presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy Essalud, entre el año 1990 y el 1996. Fueron los años de la reconstrucción del país luego de la debacle hiperinflacionaria y, en ellos, Castañeda se construyó una imagen de gestor eficaz, reformando y liderando una institución percibida como ingobernable, por lo que fue visto como un funcionario empático y comprometido. Con ese capital político, Castañeda fundó Solidaridad Nacional y participó en las elecciones del 2000 como un crítico del fujimorismo. Alberto Andrade y Castañeda eran percibidos como los rivales más importantes para Fujimori y, por esa razón, fueron objeto de una campaña de demolición a través de la prensa controlada por Montesinos, lo que permitió que, inesperadamente, el liderazgo de la oposición terminara cayendo en Alejandro Toledo.
La derrota presidencial en el 2000 hizo que Castañeda tentara la Municipalidad de Lima en el 2002. Alberto Andrade aparecía como favorito para una segunda reelección, después de dos gestiones (1996–1998 y 1999–2002) percibidas como exitosas, logrando algo que parecía imposible: la recuperación del Centro Histórico. Inesperadamente, Castañeda ganó la elección, como parte de la alianza Unidad Nacional, mostrando desde la distribución de su votación un patrón bastante sugerente: mientras que Andrade y Somos Perú parecían más identificados con la Lima más tradicional y moderna, Castañeda y Unidad Nacional parecían más cercanos a la Lima “emergente” de la periferia. Durante sus primeras dos gestiones (2003-2006 y 2007-2010), Castañeda gozó de una amplia aprobación y, en efecto, su gestión puso un gran énfasis en obras pensadas para la periferia de Lima (intercambios viales en el sur y en el norte, escaleras, recuperación de parques zonales y su conversión en “clubes”, entre otros), así como en los sectores populares (hospitales de la solidaridad, por ejemplo).
Sobre esta base, Castañeda intentó nuevamente la presidencia en las elecciones generales del 2011, en las que, en algún momento, pareció el candidato favorito. Pero esa elección demostró que carecía de una visión general del país. Asimismo, resultó víctima de serias acusaciones de corrupción durante su gestión edil. En el 2010, además, la alcaldía de Lima la ganó Susana Villarán, quien basó parte de su campaña y discurso en distinguirse de la gestión de Castañeda. Ciertamente, la gestión de Castañeda era criticable en muchos puntos, pero este, al parecer, tomó muy mal las críticas y entendió su retorno a la alcaldía en el 2015 como una cruzada para “limpiar” su nombre. Pero el Castañeda del 2015 resultó una sombra del anterior: su última gestión pareció más motivada por el revanchismo que por una visión renovada de la ciudad. Si sumamos las gestiones de Villarán, la tercera de Castañeda y la que culmina de Muñoz, tendríamos que decir que se trató de gestiones cuando menos decepcionantes, sin norte claro, sin capacidad de enfrentar la magnitud de los problemas de la capital. Finalmente, Castañeda “traspasó” Solidaridad Nacional a Rafael López Aliaga, quien lo transformó en Renovación Popular, un ejemplo emblemático del uso de partidos personalistas que son poco más que licencias que se negocian.
La pregunta que se abre es si los aspirantes a la alcaldía de Lima serán capaces de aprender de estas experiencias fallidas y proponer un cambio sustantivo. Me atrevo a pensar que los recursos, capacidades y facultades con las que cuenta la municipalidad están muy por debajo de lo que se requiere para tratar en serio la magnitud de sus problemas. Un rediseño institucional profundo debería estar en la agenda de debate.