En su mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo no debería dejar de manifestar su posición con respecto a la libertad de prensa. Más que dudas, surgen amenazas y hostilidades que indican que ese será un campo de batalla.
A Castillo le conviene despejar las dudas sobre las tentaciones intervencionistas de Perú Libre y su programa.
Recordemos que en ese programa se propone que los ministerios de Cultura y Educación “evalúen los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres”.
Perú Libre propone en su programa una “ley de regulación” de los medios para evitar con ello lo que llama la “libertad” “del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira”.
Los ciudadanos deben estar protegidos contra estos delitos. Pero deben estarlo a través de la justicia, no a través de leyes especiales. Ahí donde hubo leyes especiales hubo también conculcación de las libertades.
En el Perú tenemos la experiencia de la confiscación de los diarios en la dictadura de Juan Velasco. El “Estatuto de prensa” reguló a los medios y acabó con la libertad, la pluralidad y la información.
Lo que suele estar detrás de estas iniciativas es la necesidad de los gobiernos de acallar a la crítica y esconder la información.
Cuando El Comercio, entre otros medios, dio cuenta de las investigaciones fiscales sobre Los Dinámicos del Centro, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y autor del programa de gobierno, retwitteó un texto revelador en su cuenta de Twitter.
“Hay una desesperación enorme de la derecha –escribió– por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo El Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores” (4 de julio).
Todos los medios publicaron las declaraciones de la fiscal encargada de la investigación. Ninguno involucró a Pedro Castillo, sino a personajes ligados a Perú Libre.
El mensaje, por tanto, era una simple amenaza para amedrentar a quienes publican informaciones que perjudicaban la imagen del partido de Vladimir Cerrón.
Es contra esto que debe pronunciarse el próximo presidente, Pedro Castillo. Sobre todo, después de haber dirigido una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que exige que se abra una investigación administrativa contra el canal de televisión Willax TV, atribuyéndole haber difamado, mentido y afectado el honor de personas.
No está mal, por supuesto, que Pedro Castillo o cualquier otro ciudadano haga valer sus derechos. Debe hacerlo, sin embargo, con pruebas específicas y puntuales, y no con meras atribuciones.
Debe hacerlo, además, a través del sistema de justicia y no de un ministerio que, a partir de ahora, estará bajo su jurisdicción.
Castillo debe distanciarse de la línea de Vladimir Cerrón. Debe respetar la libertad de expresión y de prensa sin condiciones.
No podemos admitir que se quiera cancelar la crítica y la información usando como pretexto la supuesta necesidad de nuevas regulaciones. No podemos aceptar que se pretenda manejar los contenidos de los medios de comunicación según las preferencias del gobernante o de su partido.
La transparencia en la gestión exige el respeto irrestricto a la libertad de prensa.