Mañana se publica el simulacro de Ipsos que marcará el cierre de la temporada de encuestas preelectorales de esta campaña. Aunque, dadas las tendencias mostradas en los estudios previos, lo más probable es que sirva poco para predecir quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Sí será, sin embargo, la foto final con la que muchos electores decidirán su voto.
Sin la dicotomía fujimorismo-antifujimorismo que ha marcado las elecciones en las últimas décadas, las preferencias ciudadanas van a la deriva en una campaña sin candidatos atractivos.
Sin embargo, independientemente de quién gane las elecciones, el país parece estar condenado a cinco años más de inestabilidad con una novel clase política incapaz de marcar el rumbo hacia un desarrollo sostenible.
Los seis candidatos que han liderado las encuestas hasta ahora –sin contar, por supuesto, la que se publicará mañana– no tienen solidez en ninguno de los cuatro ejes que deberían sostener un eventual gobierno suyo: el político, el económico, el social y el de gestión pública.
En el caso del primero, el político, que implica principalmente la capacidad de negociación con el Congreso, tanto Forsyth, López Aliaga, Fujimori, Mendoza y De Soto, estarían a merced de un Parlamento opositor con bancadas oficialistas sumamente pequeñas que no podrían contener las ansias vacadoras de sus contrincantes. Acaso Lescano es quien tiene mejores perspectivas en ese eje, pues su partido lidera las preferencias en el voto congresal y cuenta con candidatos militantes que, si bien no necesariamente promoverían la agenda del gobierno, tampoco atacarían directamente al Ejecutivo.
En el eje social, los discursos de Mendoza y Lescano tienen mayor potencial de apaciguar a los actores sociales. Sin embargo, los demás candidatos son, o muy limeños, o cuentan con un antivoto muy alto, son poco empáticos con las problemáticas ciudadanas o promueven una agenda polarizante.
En lo económico, Lescano ha construido su carrera política a base de propuestas populistas que no generan valor público. Lo mismo ocurre con su plataforma electoral. Mendoza sigue una agenda de izquierda que no es sostenible en el mediano plazo, particularmente en una crisis como la que vivimos. López Aliaga se vende como un candidato de derecha, pero ha planteado más de una política intervencionista. Forsyth y De Soto, como se vio claramente en los debates del JNE, no tienen propuestas concretas que ayuden a reestablecer la solidez macroeconómica de nuestro sistema. Sin embargo, tal vez tengan mayor capacidad para convocar a cuadros técnicos en el MEF, lo mismo que Fujimori.
Ahora bien, sin una bancada relevante que pueda hacer contrapeso en el Congreso, el Ejecutivo tiene una capacidad limitada para promover una agenda económica propia.
Finalmente, el eje de gestión pública es uno de los más preocupantes. Si algo ha demostrado la pandemia es que nuestro Estado no funciona. Se ha discutido mucho sobre cómo fortalecer la Contraloría para que fiscalice mejor a los funcionarios públicos, pero lo cierto es que, junto a la corrupción, la incapacidad estatal es uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Contamos con un aparato público inmenso, pero oxidado. Sin capacidad de reacción para atender las necesidades ciudadanas y, mucho menos, para promover e implementar las reformas que se requieren para sacar al país de la inercia corrosiva en la que ha caído.
Así, parece que solo un milagro conseguirá que quien llegue al poder en julio logre hacer un gobierno que nos permita avanzar por la senda del desarrollo. En el mejor de los casos, podremos tener cinco años en los que no retrocedamos aun más de lo que ya lo hemos hecho.