La Mesa Directiva del Congreso respondió ayer negativamente al pedido de la representante Digna Calle (Podemos Perú) de una nueva licencia de 60 días con respecto a sus obligaciones parlamentarias.
Como se sabe, la legisladora se encuentra fuera del país desde el 20 de enero de este año y solo participa de los plenos y de las reuniones de algunas de las comisiones a las que pertenece de manera virtual. Y si esa circunstancia causaba ya desde hace tiempo indignación dentro y fuera del palacio de la plaza Bolívar, es de imaginar lo que puede haber producido ahora su pedido para prolongar la irregular situación. Máxime cuando el portavoz de la bancada, José Luna Gálvez, había anunciado recientemente su retorno para la primera semana de agosto. “Yo he hablado con Digna, que me dice que ahora sí va a estar. Tenía problemas con sus hijos en Estados Unidos y la próxima semana ya estará con nosotros”, aseveró el también líder del partido Podemos Perú. Pero eso, como es obvio, no ocurrió.
Sin que mediase explicación alguna, en efecto, la congresista solicitó la extensión de la licencia, bajo la aparente convicción de que el hecho de no estar recibiendo haberes es suficiente para hacerla aceptable. Lo cierto, no obstante, es que el compromiso que un legislador adquiere con los ciudadanos al pedirles durante la campaña que le endosen su respaldo para llegar al Parlamento va mucho más allá de lo que percibir o no un pago por ello supone. Los 54.282 electores de la región Lima que, haciendo uso de su voto preferencial, la apoyaron en el mencionado empeño tienen todas las razones para sentirse víctimas de un engaño, porque ella no les advirtió que haría un ejercicio tan relajado de la función para la que la estaban eligiendo. El cargo de congresista es irrenunciable y ella lo sabía al momento de postular, de manera que, excepción hecha de un problema de salud personal, no hay circunstancias familiares o crisis vocacionales que justifiquen lo que en la práctica se está configurando como un abandono del cargo.
La señora Calle, se diría, está convencida de que, colgando en las redes mensajes de exaltación patriótica o invocaciones a que determinadas comisiones debatan sus proyectos de ley, suple su prolongada ausencia en el pleno. Y, por lo demás, se escuda en el hecho de que no está infringiendo el reglamento del Congreso: un argumento que encierra una lógica perversa, pues no refuta que lo que está haciendo sea negativo, sino que no está prohibido.
Cabe resaltar, por otro lado, que su comportamiento es apenas una variante del que observan tantos colegas suyos, para los que haber accedido a una curul se ha convertido en un pasaje al aprovechamiento personal de las prerrogativas que su actual posición les franquea. A sabiendas de que la ciudadanía mayoritariamente los reprueba, ellos sencillamente se echan el alma a la espalda y continúan embarcándose en viajes que los colocan en medio de conflictos de intereses, contratando en sus despachos –o haciendo contratar en los despachos de algún legislador de confianza– a personas cercanas a ellos o aprovechando las semanas de representación para hacer excursiones privadas a costa del dinero de los contribuyentes… Para no hablar de los casos de tráfico de influencias o recorte de salarios que comprometen a un buen número de ellos.
Con la reacción de ayer de la Mesa Directiva, daría la impresión de que la pretensión de ‘aquí no pasa nada’ ha hecho crisis. Los miembros de la representación nacional se han tomado ya demasiadas licencias y, ante el escándalo, se percibe una reacción en las instancias que conducen la vida parlamentaria. Los días siguientes, pues, dirán si ha llegado el momento de que alguien se decida a ponerle coto a la conducta de tantos congresistas que, como la señora Calle, les dan sistemáticamente la espalda a sus votantes; o si estamos solo ante un gesto sin mayor sustancia.