Desde el inicio, la actuación de Repsol en torno al desastre ecológico producido por el derrame de petróleo de un buque que se encontraba descargando el crudo en la terminal multiboyas N°2 de la refinería La Pampilla –operada por la mencionada empresa– ha dejado mucho que desear. Sin embargo, con el paso de los días, la situación de la compañía no ha hecho más que agravarse con la aparición de nuevos elementos que ponen en entredicho, primero, lo que ellos señalaron sobre su responsabilidad en la fuga del hidrocarburo y, segundo, su compromiso con transparentar toda la información sobre el tema.
Como recordamos, en un primer momento Repsol afirmó que la cantidad de crudo vertido al océano era de apenas 0,16 barriles de petróleo y que el área afectada era de tan solo dos metros y medio cuadrados. Dos días después, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció que, en realidad, el derrame equivalía a 6.000 barriles y, hasta el 23 de enero, OEFA estimaba que el área afectada era de 1′800.490 metros cuadrados de playa y 7′139.571 metros cuadrados de mar (en buena cuenta, por la falta de reacción inicial, que permitió que el crudo siguiese desplazándose).
También afirmó la empresa que la causa del derrame había sido el “oleaje anómalo” producido por la erupción del volcán subterráneo en Tonga, una versión que, sin embargo, ha sido puesta en duda por algunos expertos y por veleristas que se encontraban en la zona del accidente, quienes afirmaron que el mar se encontraba particularmente tranquilo cuando ocurrió el derramamiento.
Esta semana, además, hemos conocido dos nuevos elementos que agravan la situación de Repsol. El primero es una segunda fuga –de unos ocho barriles de crudo– ocurrida, según testimonios de trabajadores de limpieza en la zona, el 24 de enero (nueve días después de la primera) y no reportada de manera adecuada por Repsol. En palabras de la empresa, este vertido no se trató de un derrame propiamente dicho, sino de un “afloramiento controlado de remanentes del derrame del pasado 15 de enero” que era “previsible” y que, por lo mismo, ya se habían desplegado “las barreras de contención, elementos absorbentes y skimmers”.
Una explicación que, dado el incalculable daño causado por un derrame por el que han evitado en todo momento asumir responsabilidad, parece no solo inadecuada, sino hasta indolente. Cualquier fuga, por mínima o ‘previsible’ que fuese, debería ser informada por la compañía tan pronto se produzca, no por la Marina de Guerra –como en este caso– o cualquier otra institución.
Lo más grave, sin embargo, han sido las ocho cartas de protesta escritas antes, durante y después del derrame para los representantes de La Pampilla por parte del capitán Giacomo Pisani del navío Mare Doricum, publicadas ayer por este Diario. En estas, Pisani deja constancia, entre otras cosas, de que “solicitó al piloto que subiera a bordo a las 5:30 p.m. después de un incidente de separación de las cuerdas de amarre para poner el buque en posición”, pero que este “no subió a bordo hasta […] las 11:05 p.m.”. También que, a pesar de que le informaron que el derrame “estaba bajo control”, se podía observar que “la barrera petrolera no era lo suficientemente larga para cubrir toda la longitud de la embarcación”, y que no se realizó una operación de buceo “para comprobar el estado de [la] manguera de carga flotante que provocó el derrame de crudo en agua de mar”.
Quizá la frase más destacada es aquella en la que el capitán les advierte a los representantes de Repsol que “el costado del barco de mi embarcación y todas las amarras atadas a las boyas están muy contaminadas por el petróleo en el agua” y la más reveladora, esa en la que señala que los representantes de la terminal se niegan a firmar sus misivas de protesta.
A estas alturas, uno no sabe si realmente Repsol ha terminado de comprender la magnitud del problema en el que se encuentra, pues las aguas en las que se mueve lucen cada vez más turbias que aquellas que manchó y que, como estas, no parece que vayan a limpiarse pronto.