El partido Perú Libre le extendió hace dos días una “invitación” al presidente Pedro Castillo para que renuncie irrevocablemente a sus filas, poniendo así fin a una breve militancia. El actual mandatario, en efecto, se inscribió en la referida organización política hace menos de dos años, cumpliendo con un trámite que le era indispensable para poder postular en las elecciones en las que finalmente resultó ganador.
En el comunicado en el que se da cuenta del hecho a la opinión pública se dice que el CEN, la bancada y la Comisión Política de Perú Libre han llegado a esa decisión tras “haber evaluado estatutariamente” el comportamiento del jefe del Estado y haber detectado causales como las de “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria” y haber promovido la fractura de la bancada congresal, así como “la inscripción de dos partidos paralelos”. También se señala que las políticas emprendidas por el Gobierno “no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral y menos con el Programa e Ideario del Partido”. Por todas esas razones, reza el documento, y “considerando su actual investidura”, se exhorta al presidente a renunciar “antes de iniciar un proceso administrativo disciplinario” que culminaría seguramente con su expulsión.
Lo que busca presentarse como un gesto enderezado a ocasionarle al mandatario el menor daño posible parece ser, sin embargo, algo en realidad completamente distinto. Apuntan en ese sentido, por un lado, la circunstancia de que los factores enumerados en el comunicado para forzar su alejamiento de la organización política que originalmente lo acogió han estado a la vista desde hace tiempo; y por otro, la evidencia de que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre y socio político del gobernante, ha perdido de un tiempo a esta parte su cuota de poder en el Ejecutivo a raíz de una disminución de la gente de su entorno en la administración pública.
Vista en ese contexto, pues, la invitación a renunciar tiene más bien el aspecto de una atildada amenaza. Funciona claramente como una indicación de que los votos del cerronismo en el Congreso no están necesariamente con el presidente Castillo y, ante una nueva iniciativa de vacancia, todo podría suceder.
“O me devuelves lo que tenía antes o te atienes a las consecuencias” podría ser el mensaje que el líder de Perú Libre estaría transmitiéndole al profesor Castillo. Y además, en el peor de los casos –esto es, en la eventualidad de que el jefe del Estado no se dejase intimidar por la tácita amenaza–, Perú Libre conseguiría tomar una distancia efectista de los casos de corrupción que en este momento empañan la imagen del Gobierno con miras a la campaña para las elecciones regionales y municipales de octubre. Es decir, aun perdiendo, algo ganarían…
No es inverosímil, entonces, que pronto nos encontremos en un escenario en el que la sucesión presidencial esté en juego. Y si consideramos que la permanencia de la señora Dina Boluarte en la vicepresidencia de la República pende de un hilo por las infracciones constitucionales que cometió al firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Inclusión Social y Desarrollo, el dato de quién resulte elegido titular del Legislativo en menos de un mes deviene trascendental.
En la oposición parlamentaria, no obstante, las preocupaciones darían la impresión de ser otras. Entre jaladas de alfombra y vetos terminantes, las bancadas llamadas a fiscalizar la acción del Gobierno se disputan en estos días el puesto sin dar señas de estar preocupadas por la manera en que eso impacte en el futuro del país. No comprenden, se diría, que la amenaza en esquela que le acaba de ser alcanzada al presidente las comprende también a ellas y a toda la ciudadanía en general, y se resisten a empinarse sobre sus menudos intereses políticos.
La posibilidad de que reaccionen con altura, sin embargo, todavía está disponible.