Dina Boluarte: proceso en el Congreso parte con ánimos de inhabilitación y dudas de respaldo | INFORME

Aunque el caso requiere la elaboración de un informe final que debe pasar por la subcomisión, la Comisión Permanente y el pleno −lo que tomaría unos tres meses−, congresistas de cuatro bancadas se inclinan por una sanción que aleje a Boluarte del Ejecutivo, principalmente la inhabilitación: Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Avanza País y Acción Popular (AP).

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Ello considerando los hechos imputados y que incluso Boluarte ha reconocido que firmó documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra. En caso de que el proceso llegue al pleno, y restando a los miembros de la Permanente que no podrán votar en esa instancia, solo esas bancadas suman al momento unos 39 votos, frente a los 65 que se requieren para una inhabilitación.

Sin embargo, alcanzar esa cifra no resulta del todo lejano. A ello podrían abonar posturas de Alianza para el Progreso (APP) −que preside la subcomisión y que por ahora no tiene una posición definida−, Somos Perú (SP) y los no agrupados, sectores desde donde se señala que comprobada alguna infracción constitucional, se tendrá que aplicar la ley.

Además, según posiciones recogidas por El Comercio, en grupos afines al Gobierno no hay una defensa férrea a Boluarte, pues se está a la espera de la investigación, descargos de la funcionaria y conclusiones de la subcomisión. Así, el bloque oficialista deja en duda el respaldo que pueda tener la ministra.

Miradas punitivas

Así como en FP y RP, en Avanza País hay una postura de claro cuestionamiento a Boluarte. “Por todos los indicativos que se han presentado, ella debería ser inhabilitada, pero tenemos que seguir el proceso”, comentó José Williams, vocero de la bancada del tren.

Karol Paredes y José Arriola, voceros alternos de AP, señalaron que solo unos dos miembros del grupo optarían por no aprobar alguna sanción contra Boluarte. “Consideramos que debe ser inhabilitada, pero esperamos que en el momento de la votación se confirme”, dijo la primera a El Comercio. “El pecado ya está hecho, tendrá que asumir las consecuencias”, añadió el segundo.

Similares posturas tuvieron Eduardo Castillo, vocero alterno de FP, y José Cueto, de RP, en declaraciones a la prensa hace unos días. “Ella ha cometido un acto de infracción constitucional y lo que toca son las sanciones que corresponden”, indicó el fujimorista. El legislador de la bancada celeste opinó: “El debido proceso demorará un par de meses, pero estoy seguro de que será inhabilitada como corresponde”.

Wilmar Elera, vocero de SP, refirió que si bien se debe esperar a que se dé adecuadamente el proceso, “lo que se tiene que aplicar es lo que indica la Constitución”. Entre los no agrupados, Enrique Wong, de Podemos Perú, recordó que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros. “Hasta ahora hay una presunta infracción [...] tenemos que votar respetando la Constitución”, apuntó.

Es decir, desde estos dos últimos grupos y otros como APP aún se prefiere aguardar el desarrollo del proceso para expresar una clara postura, aunque coinciden en que deben aplicarse las normas vigentes. En el caso de los apepistas, según se pudo conocer, se está atento a lo que pueda concluir la subcomisión que preside una de sus integrantes, Rosío Torres. “Pero si las cosas están encaminadas a que hay objetivamente infracción, se tiene que proceder con arreglo a ley. No habría otra opción”, indicó una de las fuentes de esa bancada.

Sin claro apoyo

En la sesión de la subcomisión de la semana pasada, el Bloque Magisterial (BM) se opuso a declarar procedente la denuncia constitucional contra Boluarte. En Perú Libre (PL), María Taipe se opuso, Alfredo Pariona se abstuvo y el vocero Waldemar Cerrón no votó.

Las posturas de esos y otros grupos afines al gobierno serán claves en lo que viene del proceso y la eventual votación en el pleno. Pero el apoyo a la vicepresidenta no está garantizado ni desde el mismo PL, partido del que Boluarte fue expulsada y se alejó en malos términos.

Consultado por si el ánimo en PL es defender plenamente a Dina Boluarte, Pariona evitó responder. “Todavía es un proceso, se le ha abierto investigación y veremos qué es lo que arguyen”, acotó Jaime Quito ante la misma pregunta, y abogó por el respeto al debido proceso.

Un antecedente del voto dividido de PL y clave para los intereses del Ejecutivo se dio en torno a la censura de la legisladora Bettsy Chávez, exmiembro de la bancada del lápiz, hace solo unas semanas. La mayoría de la bancada votó a favor de la destitución y ayudó a que se alcanzaran las adhesiones necesarias para ese fin.

Katy Ugarte, vocera alterna del BM, manifestó que, como en PL, aún no hay una postura definida. Pero tampoco realizó una defensa clara de Boluarte, pues dijo que esta tiene que demostrar su inocencia y que los congresistas han sido elegidos para fiscalizar: “Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Si hay evidencias, la subcomisión lo tendrá que demostrar”.

A su turno, Carlos Zeballos, portavoz de Perú Democrático, integrado mayoritariamente por exmiembros de PL, tampoco marcó una postura clara de respaldo a Boluarte. “Vamos a esperar el informe del congresista delegado, hay que darle la oportunidad de defensa a la señora Boluarte. Teniendo el informe, vamos a tomar nuestra decisión”, aseveró.

Expectativas de la defensa

Alberto Otárola, abogado de Boluarte, comentó a El Comercio que buscará el archivamiento del caso en la propia subcomisión e incluso recurriendo a “otras instancias del Estado constitucional de derecho”.

“Ninguna institución del Estado, ni si quiera el Congreso de la República, está exenta de control constitucional. Entonces, todo lo que tiene que hacer el Congreso de la República tiene que estar estrictamente apegado a la Constitución y a las ejecutorias de Tribunal Constitucional”, advirtió.

Una de las aristas para ese fin, adelantó Otárola, será demostrar que el proceso está “viciado”, porque su defendida no fue notificada adecuadamente sobre el informe de contraloría que advirtió la presunta infracción constitucional.

Consultado por si ello implica acudir al Poder Judicial mediante una demanda de amparo y medida cautelar, refirió: “Puede ser cualquier proceso que esté reconocido por la Constitución. Se ha estudiado todo. Todo tiene que cumplir estándares [...] Estamos considerando todas las posibilidades que existen en el ordenamiento jurídico peruano”.

Implicancias de una posible medida

A la espera del avance del proceso, quedan pendientes los escenarios, así como las implicancias que una eventual inhabilitación de Boluarte traerían para el Gobierno y futuro del presidente Pedro Castillo. No obstante, ya se vislumbran algunas posibilidades.

“El presidente tiene un caso judicializado y está como investigado, su situación también se torna bastante [complicada]. ¿Qué puede pasar, que el próximo presidente varón o mujer del Congreso pueda asumir la presidencia de forma transitoria y que el vicepresidente de la futura mesa directiva asuma la presidencia del Congreso. Es un escenario que se puede dar [...] Podría ser vacado antes de 28 de julio, como también no lo podría ser”, sostuvo Arriola, de Acción Popular.

Su colega Karol Paredes refirió que tanto los procesos de denuncia constitucional, como una eventual vacancia, son legales. “Quien se ha iniciado su propio proceso de vacancia es el propio presidente”, afirmó.

Elera, de Somos Perú, aseveró que el caso de Boluarte “no tiene que ver nada con estrategias políticas”. “Nosotros, los congresistas, no hemos hecho esta infracción a la Constitución. Es la misma vicepresidente que ha tomado esa actitud, siendo ella abogado debería haberse cuidado de cumplir estos artículos que le impiden hacer gestiones por asociaciones privadas [...] Inhabilitar a Boluarte implicaría que no tendremos vicepresidente y tendrían que evaluarse los indicios cada vez más fuertes para la vacancia del presidente, pero vacancia constitucional, nada de apuros, poco a poco y de acuerdo a lo que indica la Constitución. Y terminaría en una posible presidencia de la próxima Mesa Directiva [...] Si es necesario que nos vayamos todos, que se llame a elecciones generales para que podamos darnos un nuevo respiro de reactivación económica, fomento del empleo y todo lo que estamos ahora padeciendo”, manifestó.

Para Wong, todos los procesos deben darse de acuerdo a la Constitución, incluyendo una eventual vacancia presidencial por permanente incapacidad moral siempre y cuando se den las condiciones y se alcances los 87 votos requeridos en el Parlamento.

Por su parte, Quito subraya que en el proceso contra Boluarte hay un claro “interés político”: “Nunca se ve por la cuestión legal, esto simplemente es otro formalismo”.