Dina Boluarte: el camino y el tiempo en que se resolvería denuncia constitucional en su contra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declaró procedente- con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones- el informe de calificación que propone admitir a trámite y acumular las denuncias constitucionales que los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Javier Padilla (Renovación Popular) presentaron hace tres semanas en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

En su informe de calificación, la subcomisión, dirigida por la parlamentaria Rosío Torres (Alianza para el Programa), advierte la posible infracción de parte de la también vicepresidenta de la República de los artículos 38 y 126 de la Carta Magna. El primero dispone que “todos los peruanos deben cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Boluarte Zegarra- de acuerdo a un informe de contraloría- omitió consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien es el esposo de su hermana.

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El otro cuestionamiento a la titular del MIDIS apunta a una presunta violación del artículo 126 de la Constitución, que establece que los ministros de Estado “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

La abogada firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba al frente del despacho de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la asociación citada pueda acceder a una licencia de funcionamiento.

En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- con los votos a favor de Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú- también aprobó que durante el proceso contra Boluarte “debe ser objeto de valoración” la posible comisión del delito de negociación incompatible.

Los congresistas Paúl Gutiérrez y Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, y María Taipe (Perú Libre) marcaron en contra del informe de calificación.

El portavoz de la bancada perulibrista, Waldemar Cerrón, no hizo uso de su voto. Anteriormente, el parlamentario había referido que dejarían que la denuncia siga su curso.

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Al respecto, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) remarcó que su agrupación esperará para definir una postura colectiva el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [ver infografía]. Aunque, a título personal, sostuvo que las denuncias a Boluarte forman parte de “una patraña de la derecha” que busca “debilitar al Ejecutivo”.

Por su lado, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, exhortó a la Comisión Permanente a darle prioridad a la evaluación del informe de calificación aprobado. “La legislatura está próxima a terminar, es mejor cerrar este proceso ante de que eso suceda. Considero que la señora Boluarte debe ser inhabilitada”, acotó.

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Tres meses para que llegue al pleno

El exministro de Defensa Alberto Otárola, abogado de Boluarte Zegarra, consideró que existe “un intento de inhabilitación exprés” de parte de “algunos grupos de derecha” en el Parlamento, al referir que el informe de calificación fue agenda en subcomisión “saltando a otras investigaciones pendientes” de resolver, como la de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia una semana en noviembre de 2020.

En declaraciones a RPP Noticias, Otárola dijo que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N°28024 (Ley que regula la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública), no se considera un acto de gestión la respuesta escrita solicitada a una institución pública. Agregó que ello es lo que ha hecho Boluarte al regularizar trámites ante la Sunarp y la Municipalidad de Lima.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi afirmó que la argumentación del abogado de la titular del MIDIS “es falaz”, porque la Constitución no hace las excepciones que menciona.

“¿Cómo crees que le va a responder las demás autoridades a un ministro que realiza una solicitud, de manera positiva o negativa? Esta es la razón de ser de la norma constitucional. La señora debió meditar, evaluar qué era más importante: ser ministra o presidenta de un club departamental”, manifestó a El Comercio.

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Rospigliosi también dijo que el testimonio del exalcalde de Lima Jorge Muñoz, quien refirió que Boluarte le insistió en reuniones protocolares para que la comuna capitalina le brinde una licencia de funcionamiento al Club Departamental Apurímac, “es un claro ejemplo de gestión de intereses” que resulta incompatible con su cargo de ministra.

El abogado estimó que en un plazo de 90 días, el informe final podría llegar al pleno. Es decir, a mediados de setiembre.

Una postura similar tuvo el constitucionalista Erick Urbina, quien también refirió que la resolución de la situación de Boluarte, a quien ha pedido inhabilitar por 10 años de la función pública, podría darse en tres o cuatro meses.

Urbina, además, argumentó que “la norma constitucional prevalece” sobre cualquier otra ley o disposición, en clara alusión a lo expresado por Otárola.

“El artículo 126 de la Constitución es una norma prohibitiva, el trámite de la licencia [de funcionamiento para el club] es un claro hecho de que hubo gestión. Es altamente probable que la denuncia constitucional proceda y que se le sancione, el Congreso deberá definir si solo la destituye o si también la inhabilita”, expresó.

El abogado indicó que recientemente el expresidente Martín Vizcarra fue inhabilitado cinco años por infracción al 126.

“Eso podría tomarse como referencia y es un precedente válido”, finalizó.

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Fuentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señalaron que “los plazos son muy ajustados” para que el informe final llegue al pleno antes de que termine la actual legislatura, el 8 de julio. Agregaron que cumplirán con el debido proceso y que no se piensa “festinar los trámites”.

Más información

El pleno del Congreso sesionará este miércoles 15 y el jueves 16. Aunque en la agenda se incluyó la moción de interpelación presentada por Renovación Popular contra Boluarte por los trámites a favor del Club Departamental Apurímac, esta quedó sin efecto anoche, debido a que seis parlamentarios de Avanza País retiraron sus firmas.

Un sector de la oposición parlamentaria, incluida Fuerza Popular, estaba en contra de la interpelación. “Si no es censurada, dirá que le dimos la razón. Y si es censurada, dirá que ya fue juzgada. [Esa interpelación] es un absurdo”, señalaron fuentes del bloque fujimorista.