Dina Boluarte no tiene el respaldo de todo el oficialismo ante denuncia constitucional

Boluarte- de acuerdo a un informe de la Contraloría- suscribió 13 documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, entre el 26 de agosto y el 20 de octubre del año pasado, cuando ya estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Por ello, el órgano de control advirtió que habría violado la Constitución.

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El artículo 126 de la Carta Magna establece que los integrantes del Gabinete Ministerial “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

La exfuncionaria del Reniec, expulsada del partido Perú Libre en enero último, no cuenta con el abierto respaldo de ninguna de las tres bancadas oficialistas frente a las acusaciones constitucionales que promueven Avanza País y Renovación Popular en su contra, y que tienen como objetivo su inhabilitación por 10 años.

“[Estas denuncias] son parte de la labor de fiscalización del Congreso, nosotros tenemos que respetar el marco constitucional y las leyes, nosotros no nos hemos reunido aún, hay un informe de Contraloría, esperaremos que terminen las investigaciones para adoptar [una posición]”, dijo el portavoz alterno del Bloque Magisterial, Edgar Tello, al ser consultado sobre su agrupación apoyaría a Boluarte.

En comunicación con el Comercio, Tello calificó de “bastante graves” las imputaciones hechas a la primera vicepresidenta de la República, por lo que le recomendó brindar sus descargos.

“Estamos frente a un Estado de derecho, donde hay que cumplir las leyes, y si la investigación determina responsabilidades, ya las autoridades deberán tomar cartas en el asunto”, expresó.

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No defenderán “lo indefendible”

Desde Perú Democrático, su vocero Carlos Zeballos afirmó que su bancada no defenderá “lo indefendible”. Añadió que analizarán el informe y también la defensa que pueda dar Boluarte.

“No respaldaremos actos irregulares, si la vicepresidenta ha cometido [infracción], tiene que ser sancionada. Y si no, tiene que prevalecer la justicia”

Carlos Zeballos, congresista vocero de Perú Democrático

Zeballos también señaló que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social tiene derecho a brindar sus descargos.

“La Contraloría como un órgano [de prevención y control] sobre la lucha contra la corrupción ha emitido un informe, hoy he pedido el documento completo, pero no olvidemos que la señora Boluarte tiene derecho a la defensa. Nosotros vamos a esperar a conocer todas las pruebas del documento para tomar una decisión responsable”, acotó.

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El congresista Héctor Valer, integrante de Perú Democrático, también dijo que su bancada esperará a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluya su evaluación. “Y si vemos ahí una irregularidad, votaremos a favor [de que se sancione a Boluarte]”, indicó a este Diario.

Por su lado, el portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, adelantó en el noticiero “24 horas”, de Panamericana TV, que su agrupación dejará que las denuncias constitucionales contra Boluarte Zegarra “sigan” su curso normal.

“Esperamos que se siga el curso normal. De acuerdo a la acusación constitucional, se verá pues la gravedad, la falta, la infracción y la condición. No sé quién estará buscando [su inhabilitación], pero este es un tema de investigación, nada más”, declaró sin ejercer ningún tipo de defensa a la titular del MIDIS.

La portavoz alterna de la bancada del lápiz, Kelly Portalatino, llamó, a través de su cuenta de Twitter, a la primera vicepresidenta a “esclarecer” los hechos que se le imputan.

“En el debido proceso, le exhortamos ejercer su derecho a la defensa, sin afectar la imagen [del gobierno]”, escribió.

En comunicación con El Comercio, la otra portavoz alterna de Perú Libre, Silvana Robles, tuvo una postura diferente, al referir que las denuncias contra Boluarte se trata de un “nuevo capítulo en el plan golpista”.

“Se basan de un tecnicismo para buscar inhabilitarla y destituirla, allanando el camino en la vacancia del presidente Castillo […] A título personal, considero que sí vamos a respaldar en esta oportunidad a Boluarte, esto se trata de un plan golpista”, remarcó.

La oposición también alista interpelación

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que su bancada está trabajando en la presentación de una moción de interpelación contra la titular del MIDIS que corra, en paralelo, a las denuncias constitucionales. “El presidente debe cambiar a la ministra de manera inmediata, es una falta evidente la demostrada por la contraloría, el objetivo es la censura”, manifestó.

Montoya, además, opinó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es dirigida por Rosio Torres (Alianza para el Progreso), debe darle prioridad a las denuncias contra Boluarte.

A su turno, el vocero de Avanza País, José Williams Zapata, indicó que la situación de la primera vicepresidenta es “delicada” y, por ello, debe ser evaluada “con cuidado”. Agregó que su bancada respalda la acusación presentada por la congresista Norma Yarrow.

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Desde Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana afirmó que la conducta que la Contraloría le atribuye a Boluarte configura, a su juicio, infracción a la Constitución, que establece que la función de un ministro es exclusiva y que le prohíbe la gestión de intereses, incluso en organizaciones de corte civil, como un club departamental.

“No hay mucha vuelta que darle, el tema va a ser el nivel de la sanción, se contemplan tres: suspensión, destitución e inhabilitación. Eso es lo que hay que evaluar bien. Tenemos que revisar de manera exhaustiva [el informe de Contraloría] para no comer un abuso en el Congreso, y que [la sanción] sea equilibrada”

Eduardo Salhuana, vocero de APP

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Al respecto, la vocera de Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú), Ruth Luque, refirió que el Parlamento debe actuar con “responsabilidad política”.

“Revisaremos [el informe y los descargos] y sobre esa base emitiremos [una posición]. En cualquiera de los escenarios, consideramos que es importante que se respete el debido proceso parlamentario y que nos ciñamos al reglamento [del Congreso] y a la Constitución, que dice claramente cuando estamos ante una infracción”, subrayó.

Luque, a título personal, señaló que ella no comparte la postura de otros sectores del Parlamento que ya están hablando de inhabilitar a la primera vicepresidenta de la República.

“No se debe adelantar una conclusión sin que antes haya una investigación o no se valore de manera objetiva [los elementos]. No podemos utilizar los procedimientos habilitados en el Congreso para generar armas de persecución”, finalizó.

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“No es una infracción menor”

El constitucionalista Natale Amprimo dijo que “no estamos frente a una infracción menor ni una norma rebuscada”. Agregó que el artículo 126 establece una prohibición expresa a los ministros para que no realicen gestiones a favor de otras instituciones, incluso aquellas que no tienen fines de lucro como un club departamental.

“La prohibición establecida en la Constitución no está sujeta a interpretación, es prohibitiva, y expresamente dice que un ministro no puede intervenir en la dirección o gestión de ninguna institución, y hace referencias a asociaciones. Y el hecho de que el club no tenga fines de lucro no es un eximente”, sostuvo a El Comercio.

Amprimo advirtió que Boluarte, a pesar de haber solicitado una licencia al Club Departamental Apurímac, ha continuado en la práctica en actividad, porque convocó a sesiones y tomó el quórum de estas.

“Para mí, no solo debe ser apartada del cargo. Independientemente de eso, se le debe aplicar una inhabilitación, cuyo plazo graduará el Congreso en su momento”

Natale Amprimo, constitucionalista

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Para el constitucionalista Erick Urbina, es claro que Boluarte ha incurrido en una falta a la Carta Magna por más que las firmas que realizó por el Club Departamental solo hayan sido para regularizar un traspaso de cargo. “Basta una o dos firmas, pero aquí hay 13, eso es bastante sospechoso”.

Agregó que los descargos de Boluarte, en el sentido, de que no cobró dinero y solicitó licencia, pueden reducir el tiempo de sanción.

“La Constitución no hace distinción, no exige que la empresa o asociación deba generarle ingresos económicos [para que haya falta]”, dijo.

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Boluarte Zegarra, a través de su cuenta de Twitter, criticó a la contraloría, porque, según refirió, no fue notificada del informe que advierte que incurrió en infracción a la Constitución. Agregó que solo le enviaron una carta, donde “no hay conclusiones ni recomendaciones”.

“La contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? La Contraloría debe ser siempre un organismo técnico y jamás político”, escribió.