En el Congreso, Perú Libre ahora pone la mira en el capítulo económico de la Constitución

Estas iniciativas van de la mano con el anuncio de la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza (Acción Popular), sobre la elaboración de un informe sobre el capítulo económico. Ante la derrota en la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, el grupo de Economía resulta más viables para los oficialistas.

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En 10 meses de gestión, se han presentado 124 proyectos de reforma constitucional (sin contar iniciativas de desarrollo constitucional y derivados). El 34% de estas propuestas provienen del grupo oficialista.

De esta manera, Perú Libre se convierte en la bancada oficialista que más proyectos de reforma constitucional presenta en el primer tramo de su gestión parlamentaria. No se veía un volumen tan alto de iniciativas de reforma constitucional desde el 2001, un período donde el número elevado respondía a las iniciativas que se revivieron del corto mandato 2000-2001.

Pero lo que más llama la atención en el caso de Perú Libre, es la cantidad de iniciativas en busca de reformar artículos del capítulo económico de la Carta Magna. De las 42 iniciativas de reforma constitucional de Perú Libre, el 41% apunta a modificar el régimen económico. Son 17 propuestas, de las cuales 16 se presentaron en los dos últimos meses, entre abril y mayo.

Son tres los artículos que acumulan más propuestas oficialistas de reforma: el 58 (economía social de mercado), el 60 (el pluralismo económico) y el 62 (los contratos-ley).

Para el exministro de Economía, Alfredo Thorne, tras perder en su iniciativa para un referéndum, la bancada oficialista busca propuestas que los acerquen al ideario de Perú Libre. “Si cambiamos el capítulo económico por lo que ellos proponen, nos acercaríamos a un modelo estatista y tendría efectos en el sistema económico”, advirtió el extitular del MEF.

En ese sentido, el economista apuntó que las iniciativas oficialistas ni siquiera especifican cómo es que una empresa estatal crearía bienestar, puesto que los casos como Rusia, Cuba y Venezuela terminaron en fracaso.

“Simplemente hablan de empresas estatales. Lo que quieren es que la empresa pública entre en actividad empresarial. La Constitución no lo prohíbe, lo que dice es que tiene que discutirse por una vía democrática”, dijo Thorne.

Miguel Castilla, también exministro de Economía, sostuvo que es peligroso que se abra la puerta -desde la Comisión de Economía- para intentar cambiar un capítulo económico que ha sido la “envidia” de varios países.

“Me parece vergonzoso que en los proyectos de Perú Libre se hable de que los cambios propuestos no generarán gastos el Estado. Por ejemplo, cambiar el artículo 60 para reformar la actividad empresarial y dejar el rol subsidiario implica la destinación de recursos de los contribuyentes hacia proyectos estatistas”, manifestó.

El economista refirió que el capítulo económico ha ayudado a que el PBI per capita se triplique en el lapso de 15 años y que, hasta antes de la pandemia, había conseguido reducir la pobreza. “No hay nada perfectible en este capítulo económico. Es una búsqueda de capturar rentas. Vladimir Cerrón lo ha dicho, buscan controlar los modelos de producción, empresas públicas, monopolios públicos y limitar la posibilidad de los inversionistas. En el fondo, es una búsqueda de poder”, afirmó Castilla.

Pablo Lavado, economista de la Universidad del Pacífico, dijo que los defensores de estas medidas siempre ponen como ejemplo a países desarrollados, pero aclaró que estos casos no son extrapolables al Perú.

“Eso es estar fuera de contexto. Es peligroso, porque estos proyectos nos regresan a los setenta y ochentas. La historia en el Perú nos dice que con un Estado empresario podríamos empezar a generar déficit público. El Estado no tiene capacidades ni estamos para darnos el lujo de gastar en empresas deficitarias”, dijo el profesor-investigador.

En esa línea, Lavado puso como ejemplo a Petro-Perú, a la cual el Ministerio de Economía le acaba de otorgar un préstamo de US$750 millones para evitar desabastecimiento de combustibles. “El Estado no tiene capacidades gerenciales para llevar una empresa de manera eficiente, tiene el mal ejemplo de Petro-Perú y no te sobran los recursos. Te quita recursos para sectores que necesitan más recursos como salud o educación”, apuntó.

Tanto Castillo como Thorne coincidieron en señalar que en el capítulo de descentralización es donde existe espacio de mejora en la Constitución. Esto, según explicaron, debido a las deficiencias en la ejecución de gasto en salud y educación.

Thorne recordó que, durante la pandemia, se demostró que los hospitales en regiones no son de la misma calidad que los de Lima. Igual situación describió para los colegios nacionales y su infraestructura. Esto es algo que depende de la ejecución de gasto de los gobiernos subnacionales.

“No hay retirarles competencias [a los gobiernos subnacionakes], sino que se debe redefinir. Donde sí hay que hacer cambios, es en el capítulo de descentralización, y la izquierda no está viendo esto”, expresó Thorne.

De igual manera, el economista Pablo Lavado dijo que la revisión del capítulo de descentralización permitiría una mejor administración de los recursos en sectores claves como salud y educación. “La evidencia te dice que la participación del Estado como empresa genera mucho déficit público, quitando recursos a sectores claves como salud y educación”, dijo.

Por su parte, Castilla enfatizó que las autoridades regionales y locales, en uso de su autonomía presupuestal, vienen invirtiendo en proyectos de mínimo impacto social. “Se gasta en estadios, plazas, auditorios, pistas y veredas que no resuelven brechas básicas. Si hay espacio de mejora, ese es un espacio que haría que la economía social de mercado funcione mejor”, explicó el director ejecutivo de Videnza.

Por último, el economista señaló que otro punto a repensar es el político, porque enfrentamos una crisis que afecta a la economía del país, con alta rotación de funcionarios, autoridades que no cumplen con los requisitos, corrupción desaforada y problemas que muestran una degradación de la administración pública.

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