Mayté Ciriaco Ruiz

A inicios de mayo, la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto presentado por la gestión de Pedro Castillo para convocar a un referéndum y decidir si se llevaba a cabo una asamblea constituyente. El objetivo era realizar una nueva Carta Magna. Cinco días después, la bancada oficialista anunció que pediría que se saque del archivo este proyecto de ley.

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Desde 1993, la Constitución Política del Perú ha tenido 45 cambios: 34 modificaciones, 9 agregados e incorporados y 2 sustituciones a artículos, incisos, numerales, párrafos, disposiciones finales o transitorias, y capítulos.

Todos estos cambios se realizaron en 13 de los 28 años que lleva publicada la actual carta magna. El año con más cambios es el 2005, y desde el 2017 hasta el 2022 se han dado variaciones todos los años.

Entre las reformas más importantes se encuentran la que impide la reelección de autoridades regionales y locales, la reelección de congresistas, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia, la que elimina la inmunidad parlamentaria o la que creación de la Junta Nacional de Justicia.

“La Constitución no está escrita en piedra y necesita de cambios para adecuar el texto a los tiempos que exige la sociedad”, afirma Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Según explica, la reforma constitucional que se ha ido dando, en su mayoría, ha sido positiva, por lo que el camino debería ser mejorar la Constitución, a través de proyectos de reforma debatidos en el Parlamento, en lugar de tener una nueva.

Álvarez menciona que hay políticas de gobierno concretas que sirven para mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos, pero para eso se requiere una gestión que la lleve a cabo de manera estable y que busque la satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos.

“Hay muchas cosas que reformar, es es innegable, pero debe ser en consenso, en reflexión de la clase política, con la academia y, sobre todo, con un espíritu positivo mirando no solo la coyuntura, ni la conveniencia inmedianta, sino la perspectiva futura de fortalcer el estado cosntitucional de derecho que tenemos que construir”, sostiene.

El abogado explica que una nueva constitución, producto de una asamblea constituyente, es la invocación al poder ilimitado. En la teoría antigua, el poder constituyente no tiene límite alguno porque es la expresión directa, extraordinaria y originaria del pueblo. Es lo que se ha utilizado para salir de las dictaduras en Latinoamérica, pero en los últimos 15 años se ha utilizado para salir de la democracia y consolidar regímenes socialistas. “Se ha desnaturalizado la convocatoria a la voluntad popular por un motivo muy claro: es casi imposible salir del sistema político democratico con la misma constitución, señala Álvarez.

Mejorar las reformas

Si bien, la reforma constitucional, en su mayoría, ha sido positiva, hay cambios que han tenido resultados negativos, como la no reelección de congresistas y autoridades locales y regionales. Álvarez explica que para un político, de cualquier país del mundo, el ser reelegido es el norte de toda su acción política. “El satisfacer a los electores debe ser y es, en otros países, el objetivo principal de cualquier político que aspira a hacer carrera”, afirma.

En ese sentido, quitarle el incentivo negativo de renovar la confianza en los electores es desnaturalizar la actividad. Según el experto, la política es una carrera profesional y no se puede hacer buena política con personas que llegan por primera vez al Congreso o al gabinete ministerial, por ejemplo. “Los funcionarios que recién se ponen al servicio del Estado, requieren de por lo menos un año para aprender y por eso están en manos de asesores. No saben qué cosas cambiar, cómo imprimir un ritmo adecuado de nuevas políticas”, señala Álvarez.

Entre 2001 y 2006, se realizaron la mayoría de cambios. Fue durante este periodo que se reformó el capítulo sobre descentralización. Dos de los artículos que tuvieron más cambios fueron el 91, 191 y 194 en los que se decreta que gobiernos regionales, y municipalidades provinciales y distritales tengan autonomía política, económica y administrativa. Además, se señala la figura del presidente regional.

Uno de los objetivos era descentralizar al país, tener una mejor distribución del poder, mejorar el acceso a presupuestos, entre otros. No obstante, no se han logrado estos objetivos. Por el contrario, se han generado problemas como la duplicidad de funciones, la creación de instancias administrativas innecesarias o la implementación de mecanismos de control ineficaces. A esto se le debe agregar el alto nivel de corrupción de los gobiernos regionales. 21 de los 26 gobernadores tiene investigaciones o procesos abiertos.

“El problema de las regiones no es que carezcan de presupuesto. El problema es la gestión”, asegura Álvarez. Según explica, esta situación indica la falta de élites técnicas. Regiones como Áncash, Moquegua o Cajamarca, que cuentan con un gran canon minero deberían tener mejores índices; sin embargo, con una gestión enficiente este objetivo no se ha conseguido.

Álvarez sostiene que es necesario ir a una verdadera regionalización donde el Perú se divida en no más de cinco o seis regiones y a estas se les otorgue además de la capacidad actual de autonomía relativa, cuadros técnicos, y que cada región tenga la posibilidad de pagar a sus altas autoridades sueldos que no tengan ataduras y puedan competir con el sector privado. “Eso tiene que ver más con la capacidad humana, más que por política”, señala.

Leyes que deberían evaluarse

Para Álvarez, hay leyes que ya no deberían estar, como la cuestión de confianza. “Esta ya no corresponde al régimen político que tiene el Perú, pues contempla una lógica absolutamente diferente de donde se trajo”, señala.

De igual modo, el abogado sostiene que también se debería reformar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Según explica, se debería sustituir por el juicio político que el Congreso, en dos cámaras (en doble instancia) le pueda hacer al Presidente de la República durante el ejercicio de su mandato. “No solo se deben contemplar las cuasales que ahora están establecidas, sino la posible comisión de cualquier delito, de tal forma que el presidente puede defenderse ante dos cámaras, y si sabe que no es impune y se tiene gravedad que connote un delito insoportable para la sociedad, que no se pueda esperar el final de su mandato”, señala.

Propuestas

Una de las necesidades principales es mejorar el sistema político. “El bipartidismo imperfecto podría generar una estabilidad”, asegura Álvarez, debido a que podría permitir que ambos partidos tengan cuadros técnicos, que los electores sepan perfectamente cuál es el programa de cada uno de ellos, y que los programas no difieran mucho. De esta manera, la población sabe cuáles van a ser las reglas de juego en los proximos 15 o 20 años.

En esa misma línea se requiere consolidar un tema de partidos políticos a mediano plazo, lo que se da por obra de las leyes, sino que es necesario incentivar y promover legislativamente para que en forma natural surjan nuevos partidos políticos estables. Según Álvarez, mientras tanto, se debe evitar que en las próximas elecciones generales haya 18 candidatos presidenciales y que ninguno alcance el 20% de votos.

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