“De otros ministros, yo no podría dar fe de sus actos”

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—El último domingo, usted anunció que presentaría un proyecto de ley para sancionar con tres años de prisión suspendida a los jueces, fiscales, abogados y políticos que filtren información sobre una investigación en curso. ¿Esta iniciativa no es un intento de evitar filtraciones en casos que impliquen al presidente Castillo?

No, no es esa la intención, nuestro Código Procesal Penal señala con mucha claridad que la investigación penal es reservada, más aún en aquellos casos que son complejos, donde se investigan actos de corrupción y de crimen organizado. Lo que se pretende, justamente, es proteger la información privilegiada que tiene la investigación penal para que esta no se desnaturalice, para que tampoco afecte a los testigos y a los colaboradores. En casos de actos de corrupción complejos puede terminar por caerse la investigación, justamente, porque esta información sale y alerta, incluso, a muchos investigados, que se ocultan de la administración de justicia, o fugan del país.

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—Instituciones como IPYS, el Consejo de la Prensa Peruana, y la ANP, así como ex procuradores han advertido que esta norma busca ser un “instrumento de intimidación” y también apunta, a largo plazo, a los medios de comunicación. ¿Por qué insistir en una propuesta que no tiene consenso?

Es respetable la opinión de estos profesionales, pero no conocen los alcances del proyecto, están especulando sobre una declaración que yo he vertido. A la fecha, ya se encuentra sancionada la violación de la reserva de investigación con responsabilidad administrativa, que [está en manos de] los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial. El tema está cuando esta información se difunde de manera descontrolada, sin ninguna custodia de la reserva, se termina por desnaturalizar, como ya lo he señalado, la esencia de la investigación.

Un fiscal, un juez y un abogado son operadores jurídicos, son parte de la investigación y no pueden poner a disposición de tercero [la información] con fines o intereses particulares. Qué pasa si se filtra a terceros o a los medios de comunicación la declaración de un testigo en un proceso contra el líder de una organización criminal. Sin dudas esta organización criminal irá contra el testigo, que es vulnerable, y no solo contra él sino contra su familia. Es eso lo que queremos cuidar.

—En la actualidad ya hay sanciones para quienes revelan la identidad de un colaborador eficaz. Entonces, ¿qué es lo distinto que propone el Ministerio de Justicia? ¿Y por qué lo hace en este contexto en el que el presidente Castillo es investigado y hay dos colaboradores eficaces que están declarando en su contra?

A ver, vamos aclarando, no podemos parametrar o sesgar la versión que he dado [sobre el proyecto] como consecuencia de las investigaciones al presidente de la República, ósea, no es esa la finalidad. En realidad, están siendo investigados ministros, congresistas y muchos políticos de esta y anteriores gestiones. Otros están con orden de captura, otros con proceso abierto. De tal forma que no podemos parametrar que [este proyecto] es solo por el hecho de que el presidente Castillo está siendo investigado. Justamente, el reservar la investigación permite realizar un desarrollo responsable de esta.

[…] No podemos desnaturalizar la esencia de la investigación fiscal o judicial, los operadores de justicia tienen la responsabilidad de custodiar la información y de hacer una investigación objetiva y responsable. A eso apunta el proyecto. Cuando presentemos [esta propuesta] en el Consejo de Ministros, y luego que sea analizado y aprobado, se pondrá a disposición para que sea socializado, porque, finalmente, es al Congreso a donde irá, ahí se discutirá.

—Hace unos días el ministro del Interior cuestionó a la fiscalía por la filtración de la declaración de un colaborador eficaz que apuntaba a Silva. Incluso responsabilizó al Ministerio Público que esto originó la fuga del ex titular del MTC. Y luego usted anuncia este proyecto. Parece que estuvieran jugando en pared en el Ejecutivo…

A ver, no, más allá de ese término coloquial de jugar en pared, ¿esto implica articular criterios? Sí, porque no olvidemos que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, podemos coordinar y consensuar. Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el ministro Senmache, porque un fiscal es el custodio de la información de su investigación, no puede filtrarla a los medios. La Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíben a fiscales y jueces poner a disposición de terceros una investigación, y por esto son objeto de sanciones administrativas, pero lo cierto es que no hay ninguna sanción. No se puede politizar la función fiscal.

—¿Y cómo van a probar que un juez o fiscal ha filtrado la información? ¿Van a obligar a un periodista a revelar su fuente?

No, ya lo hemos señalado, ósea no nos rasguemos las vestiduras antes de tiempo. Hemos señalado que los medios de comunicación tienen su derecho a la información, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que están consagrados en la Constitución. Se le tendrá que investigar, por ejemplo, al fiscal que tiene a cargo la investigación, él es el responsable no solo de las pesquisas, sino también de la reserva de la información. Y si un abogado acude a un fiscal a solicitar copia de los actuados, este deberá firmar un cargo de entrega. Si el fiscal no controla su investigación, esta terminará desnaturalizándose.

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—El presidente Castillo dijo que está dispuesto a colaborar con la investigación preliminar que el fiscal de la Nación le abrió por presunta organización criminal. Pero, sus abogados buscan, en la Corte Suprema, dejar sin efecto la pesquisa. ¿No existe un doble discurso?

No, de ninguna manera. ¿Y por qué razón? Desde que al presidente Castillo lo han pretendido investigar aun cuando la Constitución lo prohíbe taxativamente, ha permitido que los fiscales vayan a Palacio de Gobierno y recojan información, ha entregado documentación.

Sin embargo, el presidente Castillo tiene dos prerrogativas constitucionales dentro de su derecho a la defensa, que no solo se los garantiza la Constitución sino tratados internacionales: que es derecho a la defensa técnica y su derecho a la defensa material. Su derecho a la defensa técnica la ejercen mediante una estrategia sus abogados y su derecho a la defensa material es la autodefensa que hace el presidente en cualquier investigación fiscal.

Lo que él ha dicho es que está dispuesto a colaborar con todos los actos de investigación que el fiscal requiera y eso es lo que viene haciendo. Sin embargo, cuando lo que se pretende es distraer al presidente con este tipo de investigaciones y que no dedique sus esfuerzos a actos de gobierno y políticas públicas, lo que tiene que hacer es defenderse. ¿Qué es lo que se pretende, que el presidente Castillo no se defienda? Eso no tiene sentido.

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— El presidente ha dicho textualmente que se va a someter a la investigación, pero, por otro lado, sus abogados intentan anular la pesquisa. ¿Por qué no es más sincero y transparente de cara a los ciudadanos?

Sí, cuando el presidente Castillo señala que va a colaborar con la investigación es justamente suministrar toda la información que se le ha requerido y eso es lo que viene haciendo, no hay un solo acto del Ministerio Público que no haya sido respondido hasta donde yo tengo conocimiento. Sin embargo, si al presidente se le pretende investigar [en el Congreso], por ejemplo por traición de a la patria, que no resiste el mínimo análisis, pues sin dudas tiene que presentar mediante su defensa los recursos que la Constitución y la ley le facultan, todos sabemos que no existe un solo indicios de que haya cometido traición a la patria […] Pero cuando le han solicitado información de otros investigados, o sobre actos que tienen indicios de corrupción de alguno funcionario, el presidente ha prestado colaboración, a eso nos referimos.

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—Durante la audiencia de tutela de derecho, el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas informó que dos colaboradores eficaces han revelado que Castillo habría recibido sobornos de parte de los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López. ¿Usted pone las manos al fuego por el presidente?

Durante el tiempo que lo conozco no he visto un solo acto que haga suponer que el presidente de la República está involucrado en un tema de corrupción. Lo segundo, el presidente señaló ante el Congreso que él iba a permitir que se investigue todo acto de corrupción, venga de donde venga. Tercero, el presidente nos viene dando instrucciones claras de que no permitamos en nuestros sectores actos de corrupción.

De tal forma que si usted me pregunta en base a la buena fe si yo confío en los actos del presidente, le digo absolutamente que yo confío en los actos del presidente. Si usted me dice si yo creo que el presidente está involucrado en algún indicio de corrupción, yo le digo que no creo que lo esté, porque no he evidenciado durante el tiempo que trabajo con él como ministro, un solo indicio que me haga suponer que está involucrado en este tipo de actos. De otros funcionarios, de otros ministros, o exministros, yo no podría dar fe de sus actos, cada quien responde por su rol y su función, y cada quien que es señalado, también responde por sus actos de función.

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— El fiscal Rojas también refirió que Castillo no solo fue cabecilla de una presunta red criminal, sino que planificó y decidió el modo de intervención de cada miembro. ¿No resulta peligroso para la democracia que el presidente tenga este manto de sospecha?

Y yo le diría que esa posición del fiscal es subjetiva, sin ningún mínimo de corroboración y, además, el fiscal en su teoría del caso no puede hipotecar su información. Lo único que han hecho los fiscales, hasta el momento, es dar versiones de terceros, emitir indicios de terceros que no tienen ninguna corroboración periférica con lo que hace el presidente.

Siempre se dice “señaló, indicó”, en condicional, incluso, pero nadie ha señalado que el presidente haya tenido una participación directa en estos actos de terceros. La responsabilidad penal es una responsabilidad individual, personalísima y aquel que haya cometido un acto de corrupción en el gobierno va a tener que ser investigado. Y si existen las pruebas suficientes, tendrá que ser sancionado. De lo contrario, no podemos especular, adelantar criterio. Y cuando un fiscal dice “un colaborador eficaz señaló esto”, lo único que está haciendo es revelar fuentes de información que no le están permitidas.

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—Esa información fue brindada en una audiencia judicial, que fue pública…

Sí, sí, pero no se puede dejar llevar por la emotividad o el apasionamiento, cuando se hace un fundamento de un argumento. Y, justamente, revelar este tipo de información aún en una audiencia, sin una corroboración, va a llevar a que después ese fiscal tenga que ser cuestionado por su actuación. ¿Cómo está el Caso Odebrecht, cómo están los casos de corrupción de los anteriores gobiernos? ¿Quién ha sido sentenciado? Hay fiscales que han tomado mucho protagonismo y han politizado sus actuaciones, y eso ha generado que se presenten nulidades y que las investigaciones no terminen en una sentencia y se retrotraigan a foja cero eso es lo que tenemos que evitar.

—Pero, eso no ha sucedido en el Caso Odebrecht. El expresidente Humala ya está en juicio oral, y en el caso de Keiko Fujimori, su proceso está en etapa de control de acusación. Ninguna investigación del Caso Odebrecht ha regresado a foja cero por lo que usted menciona.

No, sí, pero cuánto tiempo ha durado, pues. ¿Cuántas nulidades se han planteado? Ese es el detalle, ¿no? A eso me refiero, a la actuación judicial y fiscal tardía…

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—El jefe de Estado ha puesto en duda la confianza que le tiene a los integrantes del Gabinete, tras la situación del exministro Silva y del ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco. ¿No les está restando credibilidad a los ministros?

No, el presidente de la República siempre ha señalado que los ministros están en constante evaluación y es legítimo. El presidente debe evaluar constantemente la labor de los ministros y de todos los altos funcionarios del Estado, porque más allá de la confianza que se nos da, tenemos una responsabilidad reglada, es decir todos actuamos sobre la base de norma, de la función responsable. Y no creo que el presidente haya tenido la intención de generar un espacio de desconfianza con sus ministros de Estado, porque, de lo contrario, no estaría trabajando de manera articulada con cada uno de los sectores.

[…] Particularmente, como ministro de Justicia yo no me he sentido en absoluto afectado por esa declaración, ni creo que otro integrante del Gabinete lo haya hecho. Por el contrario, estamos siempre sometidos y dispuestos a que el presidente nos ratifique la confianza que nos ha otorgado.

—¿Por qué, hasta la fecha, Castillo no ha sido capaz de marcar distancia de Silva y de Pacheco?

Porque el presidente de la República es muy respetuoso de las actuaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuando una persona está sometida a una pesquisa, lo que tiene hacer el presidente o cualquier otro funcionario es evitar justamente inmiscuirse en esos actos de investigación, porque quien es el único que puede determinar responsabilidad penal por cualquier delito que cometa un exministro, un ex funcionario del Estado, es el Poder Judicial.

Más allá de ello, no creo que el presidente Castillo tenga una intención ni de blindar ni de encubrir a nadie, porque como, reitero, él ha señalado que en su gobierno todo acto de corrupción tiene que ser investigación y sancionado, bajo la lógica de un debido proceso y con las pruebas que establece el estándar procesal.

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—Un informe de la Fiscalía de la Nación señala que la fuga de Silva fue facilitada por “acciones ineficaces de inteligencia” de la Policía. El documento indica que la División contra la Corrupción de la PNP hizo videovigilancia a la casa del exministro una semana después de la solicitud. ¿Cuál es la responsabilidad de Senmache?

Habría que determinar cuáles son los niveles de actuación, no olvidemos que el ministro Senmache tiene una responsabilidad política, la capacidad de despliegue operativo, las acciones articuladas y estratégicas de una investigación policial como consecuencia de un acto de la fiscalía, es responsabilidad exclusiva de la Policía. Entonces, tendría que determinarse los niveles de responsabilidad en esos niveles, seguramente la Policía tendrá que identificar y responder si realmente existieron esas disposiciones de la fiscalía.

En el caso del ministro Senmache, entendamos que el ministro tiene una responsabilidad política, él imparte directivas, disposiciones que las tiene que ejecutar la Policía como organismos técnico. La Policía tendrá que responder cómo es que desplegó esta capacidad operativa para cumplir con esta disposición fiscal, que no conozco.

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—El Ministerio Público emitió un comunicado, recientemente, con los detalles de la disposición. Este documento sí existe…

Sí, no niego que exista, yo no he tenido tiempo de ver esa información, he estado el fin de semana [pasado] en Las Bambas, ayer he estado en otras actividades, no he podido analizar ese comunicado.

—En menos de un año en el poder, Castillo ha tenido cuatro Gabinetes; tiene cuatro investigaciones fiscales abiertas, dos están suspendidas; el Congreso ha intentado vacarlo en dos oportunidades; y su respaldo se ha reducido al 23%. ¿La salida a la crisis pasa por nuevas elecciones generales?

Cuando se instaura un gobierno democrático, que proviene de una elección popular, la Constitución señala que ese mandato es por cinco años, como lo tiene el presidente y el Congreso. Lo que sucede es algo que no se ha dado en la historia del Perú al menos en los últimos 30 años, no ha existido un presidente que haya sido cuestionado, con intentonas de vacancia, con pedidos constante de interpelación y censura de ministros, eso genera inestabilidad política.

No es que el gobierno la genere, sino vienen otros sectores políticos que tienen este objetivo sistemático de querer cuestionar los actos de gobierno, el presidente trata de implementar políticas de Estado con los ministros, pero no tenemos espacio para trabajar, porque estamos respondiendo todos los días a interpelaciones, pedidos de vacancia e investigaciones, seguro algunas tienen la motivación de querer esclarecer hechos de irregularidad, de alguna sospecha de actos de corrupción, pero otros no tienen ningún sentido. Nosotros buscamos una agenda país entre el Ejecutivo y el Legislativo, si eso no se da van a seguir este tipo de confrontaciones, que lo único que generan es mayor disparidad.

—En 10 meses, el gobierno de Castillo ha nombrado a 122 funcionarios que tienen cuestionamientos. ¿Qué tipo de autocrítica puede realizar al respecto?

Sí, yo pregunto si esos cuestionamientos están referidos a que esos funcionarios hayan tenido alguna inobservancia respecto al cumplimiento de requisitos formales. Ninguno ha tenido cuestionamientos por requisitos formales. Lo que aparece después es en la revisión, en la filtración, que posiblemente se hace como control posterior, que algún funcionario tiene una denuncia, tiene una investigación y por eso han sido cuestionados, pero el presidente Castillo inmediatamente ha corregido eso dentro de un sistema democrático.

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—¿No debilita aún más al gobierno que los integrantes del círculo cercano del presidente estén en calidad de prófugos?

He dicho que cada quien asume la responsabilidad de sus actos y de ese círculo que usted señala cercano al gobierno, no es que esté a la fecha cercano, porque todos están con investigación, quien es el círculo cercano políticamente, hablando, al presidente Castillo, es su Gabinete de ministros con el que trabaja. Todos los días hacemos el esfuerzo por atender las necesidades más álgidas del país y esa es la labor que nos toca desempeñar, los demás tendrán que responder por su función, por sus actividades.

Y si me está hablando de los señores Silva y Pacheco, ellos fueron colaboradores que estuvieron en el gobierno, seguro en todo gobierno se convoca a personas a las que se les da la confianza, pero el presidente no puede responder por actos de terceros.