Congreso busca ampliar sus facultades para elegir y acusar a altas autoridades de control, justicia y electorales

A la fecha, el Parlamento solo tiene facultades para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), al defensor del Pueblo, y a tres directores del Banco Central de Reserva (BCR). En tanto, el Poder Ejecutivo designa a otra parte del BCR, y propone al contralor de la República y al Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS) para su ratificación en el Congreso.

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Existen otras instancias, que suelen pasar desapercibidas pero que son relevantes, donde el Ejecutivo tiene la potestad de designar a las cabezas.

Tras una revisión a los más de 2.300 proyectos de ley presentados hasta la fecha, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó una serie de iniciativas que apuntan a ampliar el poder del Congreso y concentrar las elecciones de altas autoridades y así participar en instancias claves del Estado.

Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Acción Popular son las que impulsan los proyectos de ley que aumentan el poder del Congreso en las designaciones.

Dos de estos proyectos buscan eliminar la participación del Ejecutivo en la designación del contralor y del procurador general del Estado, y que todo el proceso caiga en el Parlamento.

En el caso de la designación del contralor, esto fue incluido en el dictamen de bicameralidad aprobado en la Comisión de Constitución. En la fórmula que espera ser debatida en el pleno, se estipula que dicha autoridad sea elegido “por el Senado con el voto de dos tercios (2/3) del número legal de sus miembros”.

El dictamen -elaborado por el equipo de la legisladora Patricia Juárez- también habilita la posibilidad de acusar por infracción constitucional a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esto es algo no permitido en la actual Constitución Política.

Mediante un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones instó a que se reflexione sobre la mencionada decisión.

“Resultaría cuanto menos muy peligroso para la democracia y las instituciones de nuestro país, ya que tendría el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas en las que se encuentran relacionadas directamente a sus intereses políticos, configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales”, manifestaron los miembros del máximo ente electoral.

Pero esa no es la única vía mediante el cual, este Congreso busca acusa a los representantes de los organismos electorales.

En el último pleno del Congreso, del miércoles 15 de junio, se debatió un informe de comisión investigadora donde se implicaba a las altas autoridades de los organismos electorales.

“Lo que se está intentado decir en este informe de la comisión investigadora de las elecciones 2021 es que se tendría de denunciar constitucionalmente a funcionarios de nuestro sistema electoral. Esto es una forma de amenaza a quienes han estado a cargo del proceso de elecciones”, advirtió la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático) respecto al informe que fue rechazado y archivado por la pleno.

Existen otras iniciativas parlamentarias que tienen como objetivo que los miembros del Consejo Fiscal propuestos por el Ejecutivo sean aprobados en el Congreso, e incluir un representante del Legislativo en el Consejo Directivo del Instituto de Radio y Televisión.

Para el exministro de Economía Alonso Segura, con el proyecto legislativo se politizaría la designación de miembros al Consejo Fiscal, los cuales deben tener un perfil técnico.

“El mecanismo actual de designación ha funcionado sustancialmente mejor que aquellos [procesos] de otras entidades que pasan por el Congreso o son de libre decisión del Ejecutivo”, sostuvo a este Diario, en febrero pasado

Los procesos parlamentarios para designar altas autoridades suelen ser muy politizados, con arbitrariedades, y generan la percepción de una repartija entre las fuerzas políticas antes que una elección basada en méritos. Ejemplo de ello es la dificultad que han tenido los últimos Congresos en renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional, donde la mayoría tiene su mandato vencido desde el 2019.

El profesor de la facultad de derecho de la PUCP, Heber Joel Campos, señaló que hay dos factores que explican esto: la importancia de los cargos en cuestión, y el diseño que concentra toda la decisión en el Congreso.

La fragmentación de las bancadas dificulta que puedan ponerse de acuerdo con la mayoría de votos requeridos, especialmente cuando se trata de cargos tan políticos como el Tribunal Constitucional donde todos querrán influir en la decisión.

Los proyectos de ley para modificar la designación del contralor y del procurador, dos cargos importantes para la fiscalización y contrapeso en el Estado, también concentrarían el poder de decisión en el Congreso.

“[Cuando intervienen más instituciones en el proceso] hay un espacio para una fiscalización mayor y para arribar a un acuerdo que permita tener una salida más adecuada respecto al perfil de los candidatos que se eligen. Acá no, todos los huevos están en la canasta del Congreso: propone y elige”, explica Campos.

Este Diario reveló, en el 2019, que Perú y Venezuela son los únicos países de la región que concentran el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso.

Chile y Colombia tienen un sistema de responsabilidad compartida, en el que en el nombramiento participan el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. También está el caso de Bolivia, donde si bien participa la Asamblea Legislativa en la preselección, los candidatos son sometidos a un proceso electoral de voto ciudadano.

“Nadie se atreve a jugar con el Banco Central de Reserva. Con los demás se atreven a jugar y hay un sentido de repartija. Si tienen algunos intereses, consideran que pueden manejarlos mejor si tienen aliados en el Tribunal”, comenta el ex Oficial Mayor del Congreso José Elice.

Algunos de los proyectos de ley son presentados en reacción a recientes acciones del gobierno. Por ejemplo, el escándalo tras las denuncias de intentos de politizar TV Perú llevaron a que el Congreso plantee tener un representante en el Consejo Directivo del IRTV.

Para Heber Joel Campos, esto demuestra una visión de corto plazo y un diagnóstico erróneo que puede traer problemas en el futuro.

“Están prestando atención a la discusión coyuntural y no al efecto que podría tener la elección de funcionarios que tienen que mostrar un perfil técnico. Que los elija el Congreso puede generar incentivos para politizar esos espacios. Yo no creo que eso sea lo adecuado, sobre todo pensando a futuro”, comenta Campos.

Por su parte, Elice considera que de aprobarse estas iniciativas, se repetiría la tendencia a la repartija, especialmente por la falta de partidos institucionalizados que busquen respetar el interés general.

“Los políticos tienden a atrapar todo lo que pueden. Quieren tener todo, y eso es un error. Creen que llegas al Estado para obtener algo: sea un bien político, poder, o un bien económico, dinero”, sostiene.

Estos proyectos estarán en la agenda de la nueva Mesa Directiva del período 2022-2023 que está próxima a definirse en julio.

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