Una semana ha transcurrido desde que el Congreso censuró al ahora exministro de Educación Carlos Gallardo por diversas razones (entre las que se contó la filtración de la prueba de nombramiento docente) y todavía el presidente Pedro Castillo no ha nombrado a su sucesor. La semana pasada, prefirió irse a Chota a celebrar la Navidad con su familia, dejando de lado las responsabilidades que asumió al convertirse en jefe del Estado: una circunstancia que sería grave en el caso de cualquier mandatario, pero que adquiere ribetes de afrenta pública al tener como protagonista a un maestro que a lo largo de toda la campaña electoral prometió que, de llegar al poder, le daría una prioridad absoluta a la educación.
En realidad, desde días antes de que se produjera, la aprobación de la censura era un desenlace muy probable para la iniciativa que la representación nacional debía votar el 21 de diciembre pasado, por lo que es inconcebible que el presidente y su presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirtha Vásquez, no hubieran considerado ya una baraja de posibilidades para reemplazar al ministro Gallardo. A propósito de la jefa del Gabinete, además, cabe recordar que ella ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es contar con un nuevo titular de la cartera que garantice el retorno a las clases presenciales en marzo, una fecha que está, por así decirlo, a la vuelta de la esquina y que tendría que haber movido al Gobierno a forzar la marcha en lo que toca al relevo ministerial que nos ocupa.
Como informó ayer este Diario, tanto la experta en políticas públicas Norma Correa como el exministro del sector Idel Vexler han expresado su preocupación por el hecho de que la designación del sucesor de Gallardo no se haya producido todavía, a pesar de que solo quedan dos meses para que más de 35 mil locales educativos cumplan las condiciones de infraestructura adecuada y de bioseguridad que permitan la vuelta a las clases presenciales. Una situación que de seguro desvela a los padres de los alumnos que tendrían que retomar las lecciones presenciales en ocho o nueve semanas, así como a sus profesores y a los directores de las escuelas que supuestamente los acogerán.
¿Por qué le toma tanto al mandatario resolver a quién encargarle esta trascendental cartera? ¿Está acaso evaluando cómo satisfacer a los sectores sindicales que han perdido su llegada al poder con la remoción de Gallardo? Y, por otro lado, ¿cuál es el mensaje que transmite a la población en general la postergación de una responsabilidad de Estado por una disposición festiva? Celebrar las navidades con la familia es un deseo natural del que el presidente no tenía por qué exonerarse, siempre y cuando hubiese cumplido antes con la tarea que su alta investidura le exigía…
Corren rumores de que los cambios en el Gabinete por fin de año podrían extenderse a otras carteras y de que esa sería la explicación de tanta demora, pero la verdad es que esa tampoco es una excusa aceptable, pues los reemplazos no tienen que producirse todos simultáneamente. De hecho, durante este mismo gobierno hemos visto ejemplos de distintas juramentaciones que se han producido con pocos días de diferencia –dos integrantes del Gabinete liderado por Guido Bellido, como recordamos, juraron el día después que el resto de sus compañeros–, sin que por ello se haya producido descalabro alguno.
Como hemos mencionado anteriormente siguiendo lo dicho por varios expertos en todo el mundo, la educación remota –que fue implementada como una salida de emergencia ante la irrupción del confinamiento– no puede reemplazar a la presencialidad, y los daños que padecerán nuestros escolares luego de dos años de asistir a clases a través de una pantalla podrían ser, en muchos casos, irreversibles.
Sin embargo, si de prioridades se trata, el presidente está dando señas de que, para él, esta no es la principal, sino, más bien, la última rueda del coche. Y lo peor es que no parece importarle que la ciudadanía empiece a preguntarse en qué momento pasamos de la palabra a la desidia de maestro.