Que el actual gobierno se maneja con un criterio de cuotas no es un secreto para nadie. Desde su estreno, casi un año atrás, la ciudadanía observó cómo los ministerios y otros cargos públicos eran repartidos entre los distintos sectores políticos y los paisanos que habían apoyado la candidatura de Pedro Castillo en las elecciones. De hecho, distinguir la porción de poder otorgada a Perú Libre, el partido que postuló originalmente a quien hoy ejerce la presidencia, ha sido fácil a lo largo de los meses que lleva esta administración en funciones. Y, por cierto, la cantidad de carteras concedidas a los militantes de esa organización política ha sido motivo de críticas por la escasa idoneidad de las personas designadas para los cargos en cuestión.
Ahora, sin embargo, la Unidad de Investigación de este Diario ha sacado a la luz la existencia de otro alarmante cuoteo del que también se han beneficiado los afiliados a Perú Libre: el de las licitaciones con el Estado. Tres empresas cuyos representantes están afiliados al partido del ex gobernador regional de Junín obtuvieron, en efecto, recientemente, contratos por un total de S/6′826.432.
De un lado, Carmen Rosa Huamaní Apaza y José Amable Marca, quienes habían constituido la empresa VICI S.R.L. en el 2016, nunca habían ganado contratos con Provías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), hasta la llegada de este gobierno. Antes habían obtenido con otras entidades públicas órdenes de servicio para el mantenimiento de vías que iban de los S/4 mil hasta los S/98 mil. Pero en noviembre del 2021, cuando Juan Silva era el responsable del MTC, ganaron dos buenas pro en La Libertad y Junín por un total de S/246 mil. Dos meses después, Huamaní y Amable se inscribieron en Perú Libre y pronto su compañía ganó un nuevo contrato –esta vez por más de S/268.800– para el servicio de mantenimiento de uno de los tramos de un corredor vial que atraviesa las regiones de Áncash y Junín.
En marzo pasado, VICI S.R.L. ganó asimismo otro contrato con Provías para el sello asfáltico en una carretera, por S/244.827. Y, ya como persona natural, Huamaní obtuvo contratos adicionales con la misma entidad: en diciembre del 2021, la primera adjudicación por un servicio de mantenimiento vial en La Libertad por S/316.450; y en febrero del 2022, la licitación para reparar otras vías en la misma región por S/305.280.
El segundo caso es el de César Castro Cullqui, inscrito en Perú Libre desde setiembre del 2020 y cuya empresa León Security –constituida junto a Ebert Mallque Lanasca y dedicada a los servicios de seguridad y vigilancia– no tenía contratos con entidad estatal alguna desde el 2015. En julio del año pasado, no obstante, obtuvo una licitación con el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo. Y luego, en setiembre, otra. Esta vez con Provías por S/69.599. Curiosamente, la empresa que quedó en segundo lugar perdió por apenas S/1 de diferencia en la propuesta económica…
Por último, Jimmi Villalba Velasque, inscrito en Perú Libre desde enero de este año y dueño de la empresa Amsaj S.A.C. –fundada en el 2017 al lado de su socio Samuel Jancco– ganó, tras su afiliación, licitaciones en consorcio con Provías por S/5,3 millones en un solo mes. En años anteriores, había obtenido contratos con esa misma entidad, pero solo por S/130 mil y S/600 mil. La entrega de la buena pro, que comprendía cuatro contratos, se definió por sorteo y el consorcio al que pertenece la empresa de Villalba quedó segunda en dos casos… Pero el comité calificador descalificó a quienes quedaron primeros alegando una supuesta falta de capacidad técnica y profesional.
El cuadro que pintan todos estos datos sugiere obviamente una relación entre la buena fortuna de estos empresarios y su militancia en el partido que lidera Vladimir Cerrón, y apunta asimismo hacia la confirmación de lo que significa para los actuales gobernantes haber llegado al poder. Pero esta parece ser una agonía que no tiene cuándo acabar.