El balance democrático en cualquier país generalmente demanda la presencia de una izquierda política acorde con los tiempos. Así, en la evolución de la izquierda global posterior a la caída de la URSS se enarbolan las banderas de los derechos civiles, del medio ambiente y de la equidad social, pero estas no implican necesariamente comprometer la sostenibilidad fiscal ni erosionar las bases del derecho a la propiedad ni meter al Estado de empresario. En otras palabras, en muchos aspectos y lugares, la izquierda se ha modernizado para bien.
Este no es necesariamente el caso de la izquierda local. Más bien, algunos de sus candidatos siguen tropezando con las mismas promesas de décadas pasadas. No se trata únicamente de las contorsiones verbales para calificar al régimen venezolano o cubano, sino ciertas propuestas de política pública que manejan durante la presente contienda electoral.
Este mes, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, anunció que en un eventual gobierno suyo nacionalizaría el gas del sur peruano. “Juntos por el Perú plantea la nacionalización del gas. Nuestro gas debe ser explotado para los peruanos. Desde hace 15 años se vende el gas y nosotros los peruanos no gozamos de una gota de Camisea”, mencionó desde Puno.
Ello no es cierto. El lote 88 es destinado al mercado interno, en tanto que el lote 56 contribuye con un tercio de la demanda nacional de GLP. De acuerdo con Macroconsult, solo el uso del gas natural a partir de Camisea para la generación eléctrica permitió a los usuarios un ahorro de US$77.000 millones desde el 2004. Otros sectores como el transporte, la industria y el comercio, además de las familias, se beneficiaron también del gas natural. El candidato por Acción Popular, Yonhy Lescano, se ha pronunciado asimismo sobre el asunto, e indicó que él renegociaría el contrato de concesión Consorcio Camisea porque “el gas está llegando muy caro” a los peruanos, pero no llegó a sugerir expropiaciones. Su ofrecimiento, no obstante, trae claros recuerdos y promesas de campañas presidenciales anteriores.
En el mismo sentido, la candidata Mendoza ha solicitado en repetidas ocasiones que el Gobierno tome el control de la producción y distribución de todos los insumos médicos públicos y privados, incluyendo el oxígeno. En este punto, vale recordar que el Estado ya tiene bajo su administración a la gran mayoría de las instalaciones médicas del país y que su trayectoria con las fallidas plantas de oxígeno encargadas a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) deja amplios cuestionamientos sobre sus capacidades de gestión, precisamente cuando se trata de oxígeno.
La figura de un Estado responsable de explotar los recursos naturales y de gestionar todos los servicios públicos fue común en el Perú durante la década del setenta, pero esa experiencia demostró que el rol que le sienta mejor no es el de empresario y ejecutor, sino el de garante de derechos y de igualación de oportunidades. Esta es la modernización del rol del Estado que no ha sido del todo asumida por parte de la izquierda local. Más aún, propuestas que cargan con las ambiciones de un Estado expansivo y autosuficiente –propio de otros tiempos– ponen en riesgo el cumplimiento de las tareas que sí le corresponden al sector público. Más bien, de eso sí nos gustaría escuchar en la campaña.