Ayer, el INEI publicó la edición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Como sabemos, esta es la herramienta con la que se sigue en el país el paso de la inflación y el último reporte trajo una noticia preocupante. Según el INEI, la inflación nacional alcanzó el 1,5% en el último mes, la tasa mensual más alta en los últimos 10 años. Sin embargo, el cuadro fue peor en Lima Metropolitana, donde los precios crecieron en un 1,48%, el registro más alto en los últimos 26 años.
Por supuesto, no se pueden adjudicar estas cifras a factores exclusivamente nacionales, pues varios países más están atravesando las mismas nubes turbulentas que nosotros. Recordemos que el mes pasado, entrevistado por este Diario, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ya reconocía que el escenario desatado por la invasión rusa a Ucrania complicaba la posibilidad de llegar al rango superior de inflación para el final del año, principalmente por la presión que esta situación pondrá sobre los precios de la energía y los granos en los próximos meses. Y hace apenas unos días, en una conferencia de prensa, reconoció que no se sabe si se conseguirá regular el alza generalizada de precios para la primera mitad del 2023.
Ahora bien, que esta tesitura se haya gestado por los vientos de afuera no significa que no haya nada que nuestras autoridades puedan hacer para aligerar el impacto. La idea es paliar el golpe de la onda inflacionaria, no exacerbarla. Y es en este punto donde no hay mucho espacio para las ilusiones.
Ante una situación como la que vivimos, por ejemplo, una de las prioridades del Gobierno debería ser la de asegurar que las cadenas logísticas se muevan sin problemas. Esto implica que las carreteras no estén bloqueadas y que el libre mercado funcione para dejar que los precios suban y bajen cuando corresponda. Esta semana, como sabemos, los transportistas de carga pesada iniciaron un paro nacional indefinido. En ciudades como Huancayo, además, sectores como los de los agricultores y los ganaderos se sumaron a la medida. Según informó la policía a través de sus redes sociales, hasta la tarde de ayer todavía se registraban vías bloqueadas en Junín, Amazonas, Lima y Apurímac.
Como es evidente, mientras se prolongue y las vías continúen bloqueadas, la huelga se dejará sentir en los bolsillos de los peruanos, por lo que el Gobierno debería abocarse a desatar este nudo con la urgencia que amerita. No está de más recordar que el reporte del INEI que mencionamos al inicio no incluye los efectos del paro sobre los precios, por lo que el cuadro final podría incluso ser peor.
En casos extremos, además, economistas consultados por este Diario sugieren que el Ejecutivo podría otorgar un subsidio focalizado para los hogares más pobres en la forma de un bono efectivo (mucho más acotado que Yanapay) o como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que subsidia el precio del balón de gas para los más pobres.
Asimismo, es imperativo reactivar el mercado laboral. A pesar de la recuperación que hemos experimentado luego de las cuarentenas del 2020 y el 2021, los ingresos reales continúan abajo y la única manera de elevarlos es fomentando la inversión privada y la productividad; dos áreas en las que el Gobierno no ha tenido un buen rendimiento.
Y, sin embargo, las ideas de la administración de Pedro Castillo en estos terrenos no se han dejado oír en estos días en los que, muy por el contrario, la principal medida que se ha escuchado desde el Ejecutivo ha sido la de evaluar el alza del sueldo mínimo. Las cifras de inflación de marzo, el corte de vías en varios puntos del país y la respuesta que ha mostrado el Gobierno hasta ahora preludian, en fin, un escenario poco halagüeño.