No solo acertada, sino necesaria

Ayer, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la magistrada que se desempeñará como coordinadora del flamante Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Marita Barreto Rivera, que hasta hace dos días trabajaba en la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, será la encargada de dirigir al grupo que tendrá a su cargo una de las tareas más importantes de la institución: las investigaciones por delitos como corrupción, crimen organizado y lavado de activos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

La creación del Eficcop ya había sido anunciada por la propia titular del Ministerio Público días atrás y se oficializó el último domingo a través de una resolución publicada en el diario “El Peruano”. Así, se espera que en los próximos días se complete el nombramiento de sus integrantes, se determine qué procesos en curso pasarán a sus manos y se pueda hacer acopio de la información que han venido recabando las distintas fiscalías especializadas hasta el momento. Ayer, por ejemplo, la fiscal Barreto no descartó que el grupo que lidera se encargue de las pesquisas contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, contra la que, como sabemos, se ha abierto una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias.

De más está decir que, desde este Diario, creemos que la creación del Eficcop no solo es acertada, sino necesaria en un contexto en el que los indicios de corrupción en varias partes del aparato estatal y en las esferas familiares cercanas al mandatario dibujan un cuadro cada vez más preocupante. Hasta ahora, estas investigaciones se han venido llevando a cabo en las diferentes fiscalías especializadas, con el consiguiente riesgo de que se dupliquen procesos, se maneje información de manera dispersa y se usen los recursos de forma poco eficiente.

Por lo que contar con un grupo de trabajo exclusivo permitirá hilvanar una estrategia común y ayudará a imprimirle celeridad a estos casos. Precisamente, uno de los mayores reclamos contra la institución en estos últimos años ha sido el lento avance en algunas de las investigaciones vinculadas a grandes casos de corrupción con ramificaciones políticas –como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto– y la poca cantidad de ellas que han llegado a juicio.

La responsabilidad que tendrá en sus manos este equipo especial no es poca cosa. Después de todo, hablamos aquí de procesos vinculados al poder político cuyos integrantes podrían utilizar su cargo o su influencia en el tejido estatal para entorpecer las pesquisas o emprender acciones de retaliación. Esto aplica también para la investigación contra el propio presidente que, por mandato constitucional, seguirá estando en manos de la fiscal de la Nación.

Recordemos que, en más de una ocasión, distintos integrantes o allegados del Gobierno han dado muestras de no querer colaborar con la justicia. Ahí están, solo por citar algunos ejemplos, las fugas del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente; la remoción del ahora ex procurador general Daniel Soria por parte del Ministerio de Justicia; o la denuncia del fiscal Reinaldo Abanto de que le negaron el acceso a su equipo a distintas dependencias de Palacio de Gobierno durante una diligencia realizada a finales del año pasado. Y la lista podría continuar…

Históricamente, las investigaciones vinculadas al poder político nunca han sido fáciles ni han estado exentas de riesgos. Sin embargo, sus implicancias son enormes, pues de ellas depende no solo evitar que la impunidad se asiente, sino que el propio aparato estatal termine capturado por intereses criminales con el consecuente impacto en la salud democrática de un país. No es exagerado decir entonces que el nuevo equipo especial tiene en sus manos uno de los partidos más importantes de la institución.