Mediante una publicación extraordinaria en el diario El Peruano se removió a Soria Luján tras informe de la Contraloría. Resolución Suprema lleva firmas de Pedro Castillo y Aníbal Torres. (Foto: El Comercio)
Mediante una publicación extraordinaria en el diario El Peruano se removió a Soria Luján tras informe de la Contraloría. Resolución Suprema lleva firmas de Pedro Castillo y Aníbal Torres. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El Gobierno dio por concluida anoche la designación del abogado como procurador general del Estado. La resolución suprema, publicada en una edición extraordinaria de las normas legales de “El Peruano”, lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo y del ministro de Justicia, . En el documento no se le agradece por los servicios prestados a la nación.

Horas antes, se dio a conocer que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría adscrito al Ministerio de Justicia había hallado irregularidades en la designación del procurador, realizada en el 2020.

En un informe difundido el martes, el OCI aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos.

En el documento se indica que el abogado no acreditó trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como exige la norma que regula la designación del procurador general.

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El informe precisó que Soria solo certificó experiencia como asesor en la Defensoría del Pueblo. “No se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, se agrega.

Además,el OCI señaló que la resolución suprema que oficializó su nombramiento no contó con un informe técnico o legal que lo sustentara.

Daniel Soria fue designado en el cargo en febrero del 2020 por el entonces mandatario Martín Vizcarra y la entonces titular de Justicia, Ana Revilla. En enero pasado, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció la revisión del nombramiento.

Torres se refirió al tema tras una denuncia pública que hizo el defensor legal del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra Soria.

Aunque Torres aseguró que la revisión de la designación no era una represalia, se conoció luego de que este denunciara a Castillo ante el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el Caso Puente Tarata.

Antes de conocerse la resolución que da cuenta de su salida del cargo, Soria había descartado que vaya a renunciar y cuestionó las conclusiones del informe, que calificó de erróneas.

“No voy a renunciar porque considero que he cumplido con los requisitos y que mi designación ha sido ajustada a derecho”, dijo a El Comercio.

Aseguró que estaba dispuesto a mantener su defensa ante el despacho ministerial o cualquier instancia que corresponda.

“Este informe está dirigido al ministro de Justicia y es él quien tomará una decisión al respecto. Yo siempre estaré llano a dar razones de haber cumplido los requisitos”, sostuvo.

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Reacciones

El exministro de Justicia Víctor García Toma consideró que Soria debía renunciar al cargo. De lo contrario, explicó, tendría que realizarse un proceso contencioso-administrativo para declarar la nulidad de la resolución que oficializó su nombramiento.

En tanto, el exprocurador anticorrupción Joel Segura indicó que la contraloría ha dado recomendaciones que podían ser o no aceptadas por el ministro de Justicia.

“No es un mandato. La autoridad, bajo el análisis que se ha hecho en el informe, tendrá que hacer las correcciones adecuadas. Aunque si todas las normas han sido pulcramente evaluadas, no le corresponderá a la autoridad competente hacer ningún tipo de cuestionamiento”, afirmó.

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