El viernes pasado, el Congreso aprobó interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides.
En este Diario, hemos reconocido en reiteradas ocasiones que la interpelación es una herramienta necesaria para el balance de poderes, a través de la que el Parlamento puede obligar a un ministro a responder acerca de cuestiones concernientes a su gestión en los casos en que haya poca vocación de rendición de cuentas por parte del funcionario. Y no es que la gestión de Benavides al frente del Ministerio de Educación (Minedu) venga siendo perfecta o que no haya inquietudes legítimas sobre el sector que lidera; después de todo, alguien podría argumentar que debe responder sobre el fiasco de la compra de más de un millón de tablets para escolares (que el Minedu canceló la semana pasada).
Pero la interpelación contra el señor Benavides no va de eso.
Más de la mitad de las 33 preguntas del pliego interpelatorio están enfocadas en presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de dos universidades: la Peruano Alemana (UPAL) y la Tecnológica del Perú (UTP). Ambos licenciamientos fueron otorgados por la Sunedu, ente que presidió Benavides desde mayo del 2018 hasta su llegada al Minedu en febrero pasado. Para ser exactos, no hay una sola pregunta exclusiva sobre la gestión ministerial de Benavides.
El problema con las inquietudes de los legisladores es que, como recordó nuestro colega Martin Hidalgo en este Diario, el ministro Benavides ya respondió sobre ellas ante la Comisión de Educación del Congreso a mediados de junio (de hecho, cuando ingresó la moción para interpelarlo, el ministro Benavides había sido citado por distintas comisiones parlamentarias hasta en seis oportunidades). En dicha sesión, además, también participó el actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, que aportó algunas respuestas sobre los cuestionados licenciamientos.
En cuanto a las otras preguntas del pliego, algunas parecen formuladas no para ser contestadas por el ministro, sino solo para atacarlo. Por ejemplo, la número 27 demanda: “¿Sabe usted que Fabiola León Velarde, miembro del Consejo Directivo de Sunedu, es esposa de Gino Costa, quien es compañero de bancada del congresista Francisco Sagasti; y concuñada de Ramón Barúa, quien fue CEO de Intercorp, grupo al que pertenece la UTP, que usted licenció?”. Es difícil creer que se necesita una interpelación para este tipo de ‘preguntas’.
Además, como han recordado algunas voces, este Legislativo le otorgó facultades investigadoras a la Comisión de Educación hace unas semanas para que revise los licenciamientos de la Sunedu. ¿Por qué los legisladores no esperaron las conclusiones del informe para, con ellas en mano, requerir recién al ministro Benavides? Habría que interpelarlos a ellos para que nos lo expliquen.
Por lo demás, Martín Benavides es el cuarto ministro de Educación interpelado por el Congreso en los últimos cuatro años (uno de ellos, Jaime Saavedra, incluso llegó a pasar por el patíbulo de la censura). Cuatro años en los que, además, los intentos de amedrentar a la Sunedu desde el Legislativo –por ejemplo, con comisiones investigadoras o con proyectos para crear segundas instancias que revisen las decisiones de la institución– han sido tan numerosos como los nexos entre algunos partidos políticos sentados en el hemiciclo y universidades sancionadas o con licencias denegadas por la entidad.
Como mencionamos en esta página hace unas semanas, en este Congreso, por ejemplo, Podemos Perú tiene como fundador a José Luna Gálvez, dueño de tres universidades que no obtuvieron licencia (aunque, es justo decirlo, la bancada se abstuvo en la votación que aprobó la interpelación). Acción Popular, a su vez, tiene a Raúl Diez Canseco, presidente de USIL, como una de sus voces más conocidas. Alianza para el Progreso fue fundada por César Acuña, dueño de varias universidades, y Fuerza Popular arrastra las sombras de su conexión con la UAP.
No por ser repetida, la escena de ver a otro titular del Minedu interpelado por motivos arteros deja de ser
preocupante.