Uno de los elementos que más ha gravitado sobre la imagen negativa de la actual representación nacional entre la población es el fenómeno coloquialmente denominado ‘otoronguismo’. Esto es, la protección que, llevados por un mal entendido espíritu de cuerpo, los congresistas suelen brindarse unos a otros con respecto a acusaciones y requerimientos judiciales y que rebasa incluso las fronteras que habitualmente existen entre bancada y bancada.
“Otorongo no come otorongo”, la expresión que ha servido para darle nombre a esa conducta, sugiere, como es obvio, que estaríamos hablando de predadores que ven a los ciudadanos de a pie como víctimas y que prefieren no chocar con sus pares en problemas, porque algún día podrían encontrarse ellos en un trance similar y necesitar de una indulgencia semejante a la que hoy dispensan.
Los espacios donde esta práctica se ha hecho evidente son desde luego las comisiones de Ética y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, en las que un grupo de legisladores debe decidir la suerte de colegas suyos sobre los que pesa el pedido de algún tipo de sanción. En la primera de ellas, el caso paradigmático, quizás, ha sido el de la congresista Yesenia Ponce, a la que se trató de pasar por agua tibia a pesar de lo clamoroso de sus mentiras sobre sus estudios y sus intentos de ocultarlas. Solo la atención de los medios a sus falsedades y la indignación ciudadana forzaron a sus ahora ex compañeros de bancada de Fuerza Popular (FP) a retroceder en el intento de ‘blindarla’.
Mucho más serio que lo que se juega en ese grupo de trabajo parlamentario, no obstante, es lo que se define en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, pues lo que está de por medio en última instancia no es una simple llamada de atención o una suspensión sin goce de haberes, sino, eventualmente, una expulsión definitiva del Congreso y hasta una condena a cárcel efectiva (si la justicia así lo dispone).
Pues bien, sucede que en los próximos días esa comisión tendrá la oportunidad de demostrar si la reputación que acompaña a la mayoría de integrantes de la presente conformación parlamentaria es ya cosa del pasado, como algunos pretenden.
El 22 de enero, en efecto, el Poder Judicial ha enviado al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, el expediente para levantar la inmunidad parlamentaria del representante Moisés Mamani (FP), de manera que se le pueda seguir un proceso “por la presunta comisión de delito contra la libertad sexual-tocamientos, en agravio de doña Lana Campos de Moraes”. Y César Vásquez, el secretario de la comisión encargada de revisar el requerimiento, ha anunciado que la atenderán y debatirán el próximo martes 29.
Como se sabe, el caso en cuestión es el de la tripulante de un vuelo de Puno a Lima que, antes del despegue, fue agredida de la forma ya descrita por el señor Mamani: una circunstancia en la que los hechos parecen estar bastante claros, por lo menos como para poder dejar que sea el Poder Judicial el que resuelva si hubo delito o no. En consecuencia, es de esperar que esta vez no surjan de pronto propuestas para derivar el asunto a una comisión distinta que tendría que opinar al respecto antes que la directamente involucrada u objeciones artificiosas para sustraer al congresista acusado de la acción de la justicia. Que no se produzcan, en suma, manifestaciones de ‘otoronguismo’.
El año pasado, cabe recordar, la comisión que nos ocupa solo le levantó el fuero al parlamentario Benicio Ríos –cuya situación hacía tiempo que se caía de madura– y rechazó otros cuatro pedidos. Por tal razón, lo que ocurra con la inmunidad del legislador Mamani será en buena cuenta una suerte de prueba ácida del supuesto cambio de actitud que, a través de los resultados del referéndum y la sostenida protesta en las calles, el rechazo ciudadano habría ocasionado en el Congreso. Y también, por cierto, una antesala de lo que habrá de suceder con el caso del parlamentario Edwin Donayre, preterido hasta el momento por la comisión.