Dentro de determinados horarios y bajo ciertas condiciones, toda persona detenida tiene derecho a recibir visitas. Ese es, desde luego, el caso del expresidente Pedro Castillo, quien cumple actualmente prisión preventiva en el penal de Barbadillo a consecuencia del golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del año pasado. En atención a ese derecho, el vacado mandatario ha recibido en su encierro a sus cambiantes abogados, así como a parientes y allegados, durante los últimos dos meses.
La lista de sus visitantes ha incluido, además, a diversos congresistas de Perú Democrático (PD) y el Bloque Magisterial (BM), bancadas escindidas de la de Perú Libre que le brindaron respaldo a su gobierno hasta en los trances más escandalosos. Nos referimos a los legisladores Pasión Dávila, Katy Ugarte, Segundo Quiroz, Betssy Chávez, Nieves Limachi y Hamlet Echeverría, quienes pudieron entrar al ya mencionado penal amparándose en el reglamento del Código de Ejecución Penal, que establece que los miembros de la representación nacional “en el ejercicio de sus funciones podrán ingresar a los establecimientos penitenciarios, previa identificación, en cualquier día y hora de la semana”.
Se trata, claro está, de visitas o reuniones que invitan a una lectura política; particularmente, si consideramos que hablamos de parlamentarios que no votaron a favor de la vacancia de Castillo tras su intentona golpista y que, en algunos casos, han improvisado coartadas argumentales chapuceras para negar lo evidente. Recordemos, por ejemplo, a la legisladora Katy Ugarte (BM) y su afirmación de que el anuncio del entonces presidente sobre el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia y el Tribunal Constitucional no fue un golpe. “Solo fue un decir”, sostuvo.
De entre todos ellos, sin embargo, destaca el caso del congresista Pasión Dávila (BM), quien ha tenido con el ex jefe del Estado al menos cuatro reuniones en el penal de Barbadillo, amén de una visita que le hizo cuando estaba todavía en la sede policial de la Dinoes. Cabe señalar que Dávila niega que el atropello al orden constitucional protagonizado meses atrás por Castillo tenga efectos legales y asevera que su prisión preventiva –dictada por el Poder Judicial y ratificada por una sala superior– no es legal. Explorando los límites del absurdo, no solo propugna su libertad, sino su reposición en la presidencia…
Existe adicionalmente otro detalle que distingue su situación de la del resto de sus colegas frecuentadores de la prisión del exmandatario: el 28 de diciembre pasado, el pleno lo suspendió en sus funciones por 120 días, a raíz del puñetazo por la espalda que le propinó al legislador Juan Burgos (no agrupado) dos semanas antes. Una circunstancia de la que se derivan dos conclusiones: en primer lugar, de alguna forma él mismo había hecho méritos como “golpista”. Y, por otra parte, sus ingresos del 5 y el 19 de enero de este año al centro penitenciario donde se encuentra el exgobernante los hizo alegando un derecho que tenía suspendido. En opinión del abogado especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, ante este hecho, la fiscal de la Nación debería actuar de oficio y hacer una investigación preliminar por el presunto delito de usurpación de funciones.
No obstante, más allá de las sanciones que lo ocurrido eventualmente les acarree a todos los involucrados (funcionarios del INPE incluidos), es innegable que las repetidas concurrencias de Dávila al lugar donde Castillo pasa sus días de reclusión tienen una connotación política. Se trata, después de todo, de la reunión de dos golpistas irredentos.
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es la expresión más acabada de los afanes de buena parte de la izquierda por restituir la situación de deterioro institucional y rapiña que existía en el país hasta hace muy poco y que, de alguna manera, ha alentado también la actuación del brazo violento de las manifestaciones que recientemente trataron de “tomar” Lima. Toca, por lo tanto, permanecer tan alertas a esas citas en Barbadillo como a las asonadas que han afectado en los últimos tiempos a la capital y otros lugares del territorio nacional.