El 12 de junio del 2016, unos días después de la segunda vuelta en la que Pedro Pablo Kuczynski se impuso a Keiko Fujimori, sostuvimos en este Diario que el voto ciudadano –atado a las particularidades de nuestro sistema electoral– había colocado a ambos políticos y, por extensión, a los poderes que encabezarían, en una situación de inevitable corresponsabilidad. Hoy, es evidente que el reto les quedó grande a ambos, pero principalmente a la señora Fujimori, cuya bancada se dedicó a hacer volar por los aires cualquier intento de acuerdo entre el Congreso y Palacio de Gobierno, prácticamente desde que se instaló en el hemiciclo.
Cuatro años y medio después, esta pugna perpetua entre el Gobierno y el Congreso ha dejado un cuadro que se asemeja al de una posguerra: con cuatro mociones de vacancia presidencial presentadas (una de ellas aprobada, y otra que forzó la renuncia del señor Kuczynski), una disolución del Congreso que tuvo que dirimirse en el Tribunal Constitucional e innumerables amenazas cruzadas entre ambos poderes en la forma, por un lado, de citaciones, interpelaciones y censuras ministeriales y, por el otro, de cuestiones de confianza. Hoy, a ocho meses de un nuevo período gubernamental, tenemos a un Ejecutivo y a un Legislativo conformados por políticos que son, precisamente, fruto de aquellas rencillas que comenzaron en el 2016.
Y en ambos lados parecen ser conscientes de esto. En una entrevista publicada dos días atrás en este Diario, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, recordó, al ser requerida sobre las relaciones con el Legislativo, que “el presidente [Francisco Sagasti] tuvo 97 votos [en la votación del pleno celebrada el lunes]; fue una forma de expresar que queremos trabajar de manera coordinada. Y, ojalá, en permanente diálogo para encontrar las soluciones a los problemas de nuestro país”. Para luego anunciar que se encontraban “programando una reunión” con la Mesa Directiva del Congreso, y que iban a “dialogar con todas las fuerzas políticas”.
Por su parte, también en conversación con este Diario, la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, se mostró optimista en la relación entre ambos poderes y señaló que “hay que hacer el esfuerzo por encontrar consensos”. “El escenario ahora es más optimista de cara a lo que la población ha dicho en las calles: nos ha exigido que dejemos estas confrontaciones y que nos pongamos a trabajar en conjunto”, reconoció.
Asimismo, interrogada sobre la predilección que han mostrado los actuales congresistas por aprobar, muchas veces de manera express y durante la madrugada, leyes populistas (una conducta que, precisamente, detonó varios choques con el Ejecutivo de Martín Vizcarra), la señora Vásquez reconoció que “una buena opción es instar a que los proyectos de ley que se presentan pasen por comisiones para una revisión exhaustiva”. “Muchas veces –explicó– se han aprobado leyes llamadas ‘populistas’ porque han entrado al pleno con exoneración de ser revisadas en comisiones”. Sin duda, una postura en principio alentadora pero que, vista la actuación del Congreso hasta ahora y considerando que estamos en temporada de campaña electoral, invita a la suspicacia.
Por supuesto que, además de ser conscientes de la situación que los llevó hasta donde están hoy, ambos poderes comparten –o al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de sus lideresas– un objetivo en común: trabajar para paliar los estragos que la pandemia viene dejando entre los peruanos (en todas sus dimensiones).
Aunque tarde, una vacancia, una renuncia y una disolución después quizá podamos ver, finalmente, a un Ejecutivo y a un Congreso que, sin abdicar de sus obligaciones de fiscalización mutua, entiendan que ambos son corresponsables de llevar al país hacia su bicentenario.