Ayer, la presidenta Dina Boluarte anunció que a partir del 1 de enero del 2025 la remuneración mínima vital (RMV) en el Perú pasará de los S/1.025 actuales a los S/1.130. Según explicó la mandataria en una breve intervención –en la que, como ya es costumbre, no se permitió la participación de la prensa–, esta medida se debería a que el Gobierno tiene como uno de sus objetivos principales “asegurar que el crecimiento económico beneficie a todos”. “No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores”, añadió.
Dejando de lado la discusión de si crecer 3,2% –como estima el BCR que lo hará nuestra economía este 2024– puede considerarse una tasa alta, el alza del sueldo mínimo no beneficiará a todos los trabajadores; ni siquiera a la mayor parte de ellos. Según cálculos del Instituto Peruano de Economía, de hecho, solo alcanzará al 2% de la población laboral peruana que lo percibe actualmente. Esto, sin embargo, no significa que al otro 98% la medida le dé igual. Para muchas empresas pequeñas que no pueden entrar a la formalidad porque no tienen los recursos suficientes para pagar la RMV, elevarla implica poner más alta esa valla.
Hoy en día, en efecto, más del 30% de los trabajadores dependientes en sectores como el agro, el comercio, los hoteles y restaurantes, entre otros, gana un sueldo menor al mínimo vital. Y en las microempresas, donde trabaja más de la mitad de la fuerza laboral, este porcentaje llega al 46%. El Gobierno, por supuesto, sabe esto, pero quiere hacer como si lo ignorara con tal de aparecer como un actor preocupado por la clase trabajadora.
El aumento, además, es una decisión unilateral del Ejecutivo, pues el espacio en el que se debía discutir, el Consejo Nacional del Trabajo, no llegó a ningún acuerdo. ¿Por qué insistir entonces en él, a pesar de la evidencia y del modo en el que ha salido adelante? La respuesta puede buscarse en el siguiente dato: de los 14 aumentos decretados en los últimos 20 años, 12 se dieron en períodos electorales o de baja aprobación presidencial. Y con una mandataria con una aprobación igual al margen de error, uno o dos “puntitos más”, como le gusta decir a ella, le vendrían más que bien.
Sin embargo, aquí también los beneficios son dudosos, pues la poca aprobación de la presidenta está más vinculada con factores como su conducción opaca del Ejecutivo, la sensación de que protege a prófugos como Vladimir Cerrón y su hermano Nicanor, el desborde de la criminalidad y su falta de reflejos políticos en general. Por lo que el alza de la RMV le reportará a ella un beneficio mínimo y, en cambio, el impacto para las pequeñas empresas y sus trabajadores será mayor.