Crear una universidad no es una cosa de locos. Tiene que ser, más bien, el resultado de un proyecto bien meditado, con sustento técnico y económico asegurado; sobre todo, si hablamos de universidades públicas, que se mantienen con transferencias del Estado.
En el Congreso, sin embargo, parecen tener una idea distinta. Existen allí en este momento 15 iniciativas, presentadas por representantes de diversas bancadas, para ir adelante con el establecimiento de centros de estudios superiores que no cumplen las condiciones antedichas.
Cinco de ellas, efectivamente, provienen de Alianza para el Progreso (APP), dos de Somos Perú (SP), dos también de Acción Popular (AP) y otras tantas del Frepap. Mientras que desde las bancadas de UPP y Podemos se ha presentado una propuesta en cada caso. Completan la lista una iniciativa de origen multipartidario y otra formulada por un congresista no agrupado.
Llama singularmente la atención, además, que estas propuestas se traten de impulsar en un contexto en el que hay un dictamen de la Comisión de Educación –grupo de trabajo parlamentario en el que, irónicamente, participan varios de los proponentes– para extender la moratoria de creación de nuevas universidades y filiales privadas hasta por tres años (un dictamen, dicho sea de paso, que tiene más de 120 días esperando ser tratado en el pleno). La pregunta que esta situación plantea es elemental: ¿cómo así lo que se juzga conveniente para las universidades privadas no aplica de pronto para las públicas?
Para mayor abundancia de datos inquietantes, el titular de la referida comisión, Luis Dioses (SP), anunció días atrás que convocará pronto una sesión de la misma para ver todas las solicitudes que existen en ese sentido. Una circunstancia que quizás se explique por el hecho de que dos de esas solicitudes fueron presentadas por él mismo. Nos referimos, concretamente, a las que buscan la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Paita y la de la Universidad Nacional de las Artes de Piura.
Dioses, como cabe suponer, representa precisamente a esa región en el Congreso, lo que ofrece una pista sobre la lógica de lo que está sucediendo: las iniciativas parlamentarias para crear universidades suelen ser esfuerzos de los políticos y los partidos a los que pertenecen para congraciarse con la población del lugar en el que la supuesta casa de estudios habrá de funcionar. No importa si no hay una razón técnica para poner en marcha el proyecto, ni importa si hay una partida presupuestal asegurada que garantice que la institución a ser creada ofrecerá una preparación seria y útil a quienes decidan matricularse en ella. Lo único que pesa en el ánimo de los proponentes parece ser la capacidad de tener un protagonismo vistoso delante de sus potenciales electores para capitalizarlo en futuros comicios de alguna naturaleza. Una filosofía que se podría expresar con la frase: “Yo te doy tu toga (o finjo dártela) y tú me das tu voto”.
La fiebre que se ha desatado en el Congreso sobre este particular no es otra cosa, pues, que un claro síntoma de que la campaña electoral ha empezado. Basta revisar la lista de los partidos de los que provienen las distintas iniciativas que comentamos para comprobar la validez de esta presunción.
En medio de la andanada de proyectos de inspiración populista en la que está embarcada una mayoría de los actuales legisladores y de los problemas que enfrenta el Ejecutivo por las acusaciones de corrupción que pesan sobre el presidente de la República, asuntos como este tienden a pasar a un segundo o tercer plano en la atención de la opinión pública, lo que conspira contra las posibilidades de ejercer presión ciudadana para atajarlos. En este caso, no obstante, resulta fundamental crear conciencia acerca de este problema antes de que el Legislativo avance en la consumación del despropósito de asumir que crear una universidad es una cosa de locos.