Si en algún momento había que decir que la pandemia está totalmente fuera de control en el Perú, ese momento es ahora. En los últimos ocho días, el registro de fallecidos diarios confirmados por COVID-19, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), superó los 400 decesos en al menos cuatro ocasiones. Durante todo el año pasado, ni siquiera en el peor momento se llegó a 300. Según con las últimas estadísticas, un peruano muere cada cuatro minutos por la enfermedad.
No solo se trata del colapso casi total del sistema sanitario y de la inefectividad relativa de las políticas para prevenir nuevos contagios, sino también del avance lento de la campaña de vacunación. Más de dos meses luego de haber recibido el primer lote de vacunas, apenas 2,5% de la población tiene por lo menos la primera dosis. Esta proporción es el doble en Colombia, casi el cuádruple en México y unas 17 veces más en Chile –país que ya supera el 40% de inmunizados parciales o totales–, solo por mencionar a los pares de la Alianza del Pacífico.
Ante esta realidad, miles de peruanos que tienen la posibilidad han decidido inmunizarse bajo sus propios medios. De acuerdo con un informe publicado en este Diario, si a inicios de año viajaban 10 mil peruanos por mes a EE.UU., para abril serían 40 mil, muchos de ellos, presumiblemente, para obtener las vacunas allá disponibles en varios estados.
Sin embargo, la vacunación de más peruanos –que debería ser siempre celebrada– parece no ser del total agrado de titular del Minsa, Óscar Ugarte. “Hay un nivel de desesperación por buscar vacunarse cuanto antes, pero eso mismo está reflejando las desigualdades en nuestra sociedad. Hay quienes pueden hacerlo y hay quienes no pueden hacerlo por más que quieran”, declaró la semana pasada. “Por eso el rol del Estado, por eso la necesidad de poner normas, todo lo que se ha discutido, por ejemplo, para que se priorice a las personas más vulnerables, y no es que yo me salto la fila y como yo tengo posibilidades económicas yo me vacuno, no es así”, indicó entonces.
Esta visión del ministro es preocupante. En primer lugar, como resulta obvio, mientras más ciudadanos inmunizados haya en el país, la demanda por servicios médicos ya colapsados será menor, habrá mayor disponibilidad de vacunas para el resto, se alcanzará antes la inmunidad colectiva y se registrarán menos muertes. Solo desde una mirada muy mezquina se podrían entender estos beneficios netos como algo negativo.
En segundo lugar, no deja de ser llamativo que quien realiza la crítica sea, a la vez, el principal responsable de que el proceso de vacunación local marche a paso lento. Hasta mediados de la semana pasada, tan solo 11 regiones habían empezado con la inmunización de mayores de 80 años. Más que “saltar la fila”, como refiere el ministro, las personas que pueden han decidido hacer el esfuerzo para moverse a una fila que sí avanza. Lo que se quiere hacer pasar como una consecuencia de la desigualdad social en realidad refleja mejor la falta de efectividad del aparato público.
En cualquier caso, la manera correcta de reducir estas desigualdades es llevar las vacunas rápidamente para la gran mayoría, y no más bien mirar con cierto recelo a quienes usan sus propios medios para obtener aquello que el Estado no provee. Vale recordar que quienes sí se adelantaron a su turno de forma desleal fueron los funcionarios y autoridades que, aprovechando su cargo, accedieron a escondidas a la inmunización. Y esa crítica empieza por casa.
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