El jueves de esta semana el titular de Justicia, Vicente Zeballos, acudirá al Congreso para responder un pliego interpelatorio centrado fundamentalmente en los términos del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado Peruano y la constructora brasileña Odebrecht, que ha admitido haber realizado pagos indebidos a distintos funcionarios de pasados gobiernos centrales, regionales o municipales, a propósito de cuatro proyectos de infraestructura cuya adjudicación obtuvo de esa manera.
Las preguntas que el ministro deberá absolver son 21, pero la idea general tras ellas es que el entendimiento negociado por representantes del Ministerio Público y la procuraduría ad hoc del sector que él encabeza concede demasiadas ventajas a una empresa que tuvo una conducta sostenidamente lesiva hacia nuestro país. En particular, en lo que concierne al monto de la reparación (610 millones de soles, pagaderos en 15 años): un argumento que ha sido reiteradamente agitado por quienes se oponen al acuerdo por motivos no siempre técnicos.
Ha llamado la atención, en ese sentido, que justamente el día en que la moción de interpelación se aprobaba en el Parlamento, el presidente de la República prestase a la prensa una declaración que coincidía con el principal caballo de batalla de quienes han buscado y buscan todavía torpedear el acuerdo.
El pasado jueves 14, en efecto, el mandatario manifestó lo siguiente con respecto a la mencionada reparación civil: “Yo creo que debería ser mayor. Si me dan [es probable que quisiera decir ‘piden’] una opinión personal, creo que debería ser mayor”. Y luego añadió: “Pero tengo que respetar las instancias e independencia de poderes”.
La conmoción política, por supuesto, no se hizo esperar. Conscientes de que el jefe del Estado había colocado a Zeballos en una situación incómoda, los resistentes al arreglo pusieron en evidencia la contradicción en la cumbre del Ejecutivo. Ante lo cual, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el propio mandatario ensayaron un débil control de daños, que consistió en afirmar que el comentario había sido solo una opinión como la de cualquier ciudadano y no expresaba una posición oficial del gobierno frente al acuerdo. Cada uno a su turno, además, insistió en resaltar el respeto presidencial de los fueros de quienes habían firmado el arreglo.
La verdad, no obstante, es que ni uno ni otro puede ignorar que la gravitación política de una declaración del presidente de la República sobre un asunto que toca la entraña de una causa enarbolada por el gobierno –la lucha contra la corrupción– excede largamente la de una opinión personal. ¿O piensa alguien que los periodistas que le preguntaron al jefe del Estado lo que pensaba sobre la materia lo hicieron como quien hace una encuesta ciudadana y casi al azar?
Tan comprometedora es en realidad la posición del mandatario sobre este delicado asunto que, interrogado sobre el mismo punto días después, el ministro de Justicia, jefe directo del procurador comprendido en la negociación, aseveró: “Comparto el parecer del presidente”, agravando la difícil situación con la que tendrá que lidiar el jueves en el Congreso.
El respeto a la independencia de poderes e instancias del que se hace alarde, por otro lado, no constituye un mérito. De no practicarlo, el jefe del Estado sencillamente se colocaría fuera de la Constitución.
Como se sabe, este no es el primer traspié que debe enfrentar el acuerdo con Odebrecht a raíz de una declaración presidencial. El anterior se produjo el 31 de diciembre, cuando el mandatario ‘opinó’ que, a contramano de lo que el entendimiento estipulaba, la constructora “no debería seguir trabajando en el Perú”. Una sentencia que fue interpretada en su momento como un intento de sintonizar con el sentir mayoritario en las encuestas sobre el particular, sin reparar en las consecuencias políticas que ello pudiera traer.
¿Estamos ahora ante un escenario similar? La tentación a asumirlo es considerable y los argumentos para rechazarla, escasos.
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