Enojoso asunto el de la PNP. Es demasiado temprano para que Sagasti se enrede en una crisis; por lo tanto, debe cortarla ya. La salida del ministro Rubén Vargas la resolvería, pero dejaría al Gobierno a expensas de la oposición y el presidente perdería el aire que tomó para decir, en su entrevista dominical a cuatro voces, “no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo”. No queremos que se desinfle tan rápido, ¿no?
Pero ignorar la grita y la renuncia de los generales arrebatados tampoco es aconsejable. Será difícil domeñar problemas de seguridad y conflictos como el de Ica con una PNP amargada. Sagasti cometió el error de confiar demasiado en el grupo que formaron los exministros del Interior Fernando Rospigliosi (ahora enemistado con sus exsocios), Carlos Basombrío y Gino Costa, y del que también son parte Rubén Vargas y Ricardo Valdés.
Es un grupo legítimo, por cierto, con muñeca política y formación en temas de seguridad forjadas en los sectores público y privado. Los conozco a todos y me inspiran respeto. Pero como todo grupo, genera escozores. La chamba de Sagasti en la transición no es atarse a un grupo, sino conciliar grupos. Y eso tendrá que hacer si quiere mantener a Vargas: jalarle las orejas para que concilie con la oficialidad ofendida y convoque a cuadros que no han tenido culpa en la represión de las protestas. Y si el general César Cervantes no es tan especial como para justificar el pase al retiro de otros 17, que lo saquen, pues.
Mejor encarada fue la tensión en la Comisión de Presupuesto. La solución fue la transparencia. Los últimos gobiernos hacían lo posible para que no se hablase del asunto, dejando las negociaciones con los congresistas en una conveniente penumbra. Se hablaba del ‘Anexo 5’ como si fuese un mito. Martín Vizcarra eligió como ministra a la directora de presupuesto, María Antonieta Alva, que hizo malabares para prever y aminorar esa cartera pesada. Sagasti, que ha conocido el tema en su paso por el Congreso, y el ministro Waldo Mendoza se han dado cuenta de que lo mejor es sincerarlo, sin satanizar a los congresistas que, en muchos casos, trasladan reclamos pertinentes, y absorbiendo parte de los proyectos con sustento técnico.
El otro ‘round’ será el del retiro de fondos de la ONP. El gobierno de Vizcarra le planteó al Congreso que no insista con la ley ya aprobada y observada; que la olvide y que se aboque a una reforma de todo el sistema. Sagasti también apuesta por esta estrategia, pero en lugar de afilar los cuchillos, ha elogiado el trabajo de la congresista Carmen Omonte, que preside el grupo de trabajo que diseña, desde el Congreso, esa reforma. Si Sagasti alivia estas tres tensiones y el Gabinete Bermúdez obtiene su investidura, podremos respirar más tranquilos.