Esta semana, la defensa legal de Antauro Humala Tasso tuvo el primer revés en sus pretensiones por encaminar la liberación del líder etnocacerista, sentenciado a 19 años de cárcel por cinco delitos perpetrados durante el ‘Andahuaylazo’, entre ellos, la coautoría en el asesinato de cuatro policías y el secuestro de 21 civiles.
La abogada Carmen Huidobro tenía programado el último martes realizar ante el INPE el pago de redención por las actividades laborales y educativas que ha hecho su patrocinado en prisión. Se trata de un pago administrativo que realizan los internos, o quienes los representan, para iniciar el trámite de redención de pena por trabajos o estudios hechos en prisión. Con ello resuelto, Huidobro iba a presentar la solicitud de libertad condicional en favor de Humala Tasso, lo cual, asegura, ya le corresponde. Sin embargo, nada de esto ocurrió.
El INPE informó a El Comercio que, en efecto, Antauro Humala tiene atrasados pagos de redención de años anteriores pero, según el Manual de Procedimientos de la institución, estos cobros se realizan solo en dos momentos del año: abril y octubre.
-Operación Libertad-
Desde mayo de este año, el entorno de Humala está movilizando su maquinaria legal para la excarcelación y eventual campaña política del etnocacerista. Él está preso en el penal Virgen de la Merced de Chorrillos, donde cumple una sentencia de 19 años por homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción de armas de fuego y rebelión. La reclusión se contabiliza desde el 17 de enero del 2005. Aquel año, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel lo sentenció, además, al pago de una reparación civil de S/1’283.000 (S/100 mil para el Estado y el resto para los deudos de los cuatro policías asesinados).
El 10 de mayo, el excongresista Virgilio Acuña pagó S/50 mil al Banco de la Nación, como parte de aquella reparación civil. El 2 de junio, se lanzó el Frente Patriótico Peruano, movimiento que ha absorbido al etnocacerismo y distintos sectores gremiales para la candidatura de Humala Tasso, y del cual Acuña es el vocero político. Ese mismo día, Humala realizó un pronunciamiento vía telefónica desde la cárcel, lo cual le valió una sanción. Pocos días después, Acuña hizo otro depósito de S/50 mil y su exasesor en el Congreso Walter Gamonal abonó otros S/30 mil.
Con ello se completó la indemnización al Estado. Finalmente, el 13 de agosto, Acuña presentó una carta-fianza por casi S/1’300.000, en la que garantizaba con sus propiedades la cancelación del monto restante de la reparación civil ordenada a Humala.
Según Huidobro, el hermano del expresidente Ollanta Humala ya puede acceder a la libertad condicional, puesto que cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 29423, que regula los beneficios en casos de sentencias por secuestro y extorsión. La abogada indicó que, además del pago de la reparación civil, su defendido ya purgó más de tres cuartas partes de su condena –lleva encarcelado 14 años y seis meses– y que a ello se suman más de dos años de redención de pena por las actividades laborales que realizó como reo.
Precisamente, para iniciar los trámites de este último punto, el martes pasado la abogada de Humala iba a realizar el abono correspondiente, pero no se lo permitieron.
-En manos de un juez-
El beneficio de la libertad condicional no se otorga automáticamente al recluso que ha cumplido con el tiempo de pena y la reparación civil que señala la ley. La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, a cargo del ‘Andahuaylazo’, indicó a este Diario que todo depende, fundamentalmente, del cumplimiento de la norma de ejecución penal y la evolución favorable del interno en su proceso de readaptación, entre otros requisitos que deben ser valorados por un juez.
La procuraduría precisó que la norma de ejecución penal establece que luego de que el interno haya solicitado su libertad condicional, el Consejo Técnico Penitenciario conforma un expediente que debe incluir su certificado de conducta con los actos de indisciplina y sanciones que se le hayan impuesto. Este al parecer es uno de los principales escollos de Antauro Humala. A lo largo de su reclusión ha tenido distintas sanciones. Incluso, el INPE lo amonestó recientemente por la “comunicación telefónica de carácter proselitista” que hizo durante el lanzamiento del Frente Patriótico Peruano.
El legajo que armará el Consejo Técnico Penitenciario también debe contener el certificado de antecedentes judiciales del reo y el certificado de cómputo laboral o de estudios en el que se acredite que realizó labores en prisión y obtuvo nota aprobatoria. El abogado penalista Mario Amoretti subrayó que será el mismo juez que evalúe la libertad condicional de Antauro Humala quien le fije reglas de conducta en caso le otorgue el beneficio. En estas, afirmó, bien podría haber una restricción para que Humala pueda postular a la presidencia de la República. “Todo estará en la resolución que emita el juez”, dijo.
-Vida en cárcel-
El régimen cerrado ordinario que Antauro Humala cumple en el penal Virgen de la Merced le permite tener visitas hasta tres días por semana. Accede a un teléfono de uso público cinco minutos cada día y no puede realizar actividades sin permiso de la autoridad penitenciaria. Su sentencia establece la suspensión de sus derechos a elegir y ser elegido, y la restricción a sus derechos de expresión, asociación y comunicación con el exterior.
El INPE anotó que no puede realizar actividades proselitistas ni políticas en el penal. No obstante, en diálogo con El Comercio, el secretario general del Frente Pariótico Peruano en Lima Metropolitana, José Godoy, aseguró que casi todos los domingos Humala recibe en un espacio del penal a 10 personas, entre miembros de la comisión política del Frente Patriótico Peruano y dirigentes provinciales. Allí desarrollan reuniones de coordinación y charlas sobre temas coyunturales, desde las 9 a.m. hasta el mediodía o las 2 p.m., sostuvo Godoy.
Hecha la consulta, la autoridad penitenciaria descartó de plano que ello esté ocurriendo y comunicó, a través de un escrito, que ningún interno puede realizar actividades políticas dentro de las cárceles. “El artículo 33 de la Constitución Política del Perú establece que el ejercicio de derechos políticos se suspende por sentencia de pena privativa de la libertad”, se resaltó en el comunicado.
-El frente por dentro-
Humala está en el penal Virgen de la Merced por su condición de exoficial del Ejército. Allí purgan condena otros 15 militares, para evitar ponerlos en riesgo frente a presos por terrorismo de cárceles comunes. Aunque fue sentenciado a 19 años de prisión, según el INPE su condena termina el 17 de enero del 2022.
Además de Virgilio Acuña la comisión política del Frente Patriótico Peruano está conformada por el congresista Jorge Castro; el exparlamentario aprista Carlos Armas; la abogada Carmen Huidobro; David Tejada (jefe del plan de Gobierno), padre del excongresista Sergio Tejada; y Kevin Maslucán (encargado del área de Comunicaciones y Prensa) hijo del excongresista Jorge Maslucán, entre otros.
El secretario general de Lima Metropolitana, José Godoy, dice que este frente ya tiene bases en todo el Perú y por el momento cuenta con 15 mil afiliados. “En dos meses vamos a sobrepasar los 24 mil que pide el JNE para darle inscripción al partido”, afirma.
La plataforma política del Frente Patriótico ha sido resumida en 10 puntos, entre los que destacan la derogatoria de la Constitución de 1993; suspensión de los peajes; expropiación de los canales de TV; eliminación de sueldos para alcaldes, congresistas, ministros y presidente; la instauración del servicio militar obligatorio y nacionalización de las empresas extranjeras.
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