La Defensoría del Pueblo asumirá la defensa de la ciudadana Ana Estrada ante los tribunales nacionales, a fin de que el Estado Peruano reconozca su derecho a la muerte asistida en condiciones dignas. Ella padece de polimiositis, una enfermedad crónica y degenerativa que deteriora progresivamente sus capacidades motoras, y le ha paralizado casi todos los músculos del cuerpo.
A través de Twitter, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la entidad defenderá a Estrada “para que se respete y garantice su voluntad libre e informada de decidir el cese de su vida, por padecer una enfermedad que afecta -grave e irreversiblemente- su dignidad humana”.
Gutiérrez ya sostuvo una reunión con la solicitante, quien debido a su enfermedad debe permanecer en cama y solo puede estar en silla de ruedas cuatro horas al día. Su requerimiento de muerte asistida no tiene precedentes en el Perú, por lo que el funcionario agregó que la defensoría cumplirá en este caso su rol de garante y promotor de los derechos fundamentales.
El Defensor del Pueblo explicó que en nuestro país "no hay un marco normativo que permita al Estado garantizar el acceso al derecho a la muerte en condiciones dignas frente a casos como el de Ana Estrada, y que el Código Penal sanciona como delito el homicidio piadoso que supone el acto de “matar, por piedad, a un enfermo incurable que solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores”.
No obstante, el Tribunal Constitucional sí ha reconocido y desarrollado jurisprudencia sobre los derechos fundamentales vinculado estrechamente con el derecho a la muerte en condiciones dignas. Entre ellos, el derecho a la dignidad, la integridad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.
Al respecto, una interpretación en favor de los solicitantes de muerte asistida “hace inevitable concluir” que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar su derecho a acceder a este procedimiento en condiciones dignas, teniendo en cuenta que son personas aquejadas de dolencias y sufrimientos por una enfermedad degenerativa e irreversible. Tal es el caso de Ana Estrada.
Gutiérrez, agregó que, tratados internacionales establecen obligaciones al Estado peruano de respetar, proteger y garantizar los mencionados derechos, e igualmente, regulan el de no ser sometido a tortura ni sufrir tratos crueles e inhumanos.
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