Han pasado 23 días desde que la comunidad de Cancahuani (Chumbivilcas, Cusco) inició el bloqueo a los camiones con concentrado de cobre de la empresa minera MMG Las Bambas en un tramo del corredor minero, en Cusco. A ella se sumaron siete comunidades más de la provincia, que ejecutan la misma medida de interrupción del tránsito. Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, habla sobre los acercamientos del Ejecutivo para solucionar el conflicto en esta zona.
— ¿Qué se concluyó en las últimas reuniones con las comunidades?
Todavía no se han logrado avances. Esta no ha sido la primera reunión. En la de Muyu Orcco [jueves 10] plantearon no criminalizar la protesta, y se les dijo que la Constitución defiende la protesta pacífica y sin afectar el derecho de los demás. Cuando se cierra una carretera pública se afecta el derecho de los demás. El segundo es que la minera Las Bambas no circule por la carretera, que no se puede aceptar porque es una carretera pública. El tercero, que se derogue el Decreto Supremo N°011-2016-MTC que clasificó como parte del sistema vial nacional decenas de vías en el país, una de las cuales es un tramo del corredor. Se explicó que no se puede derogar un decreto así porque derogaríamos todo el sistema vial nacional. Se puede modificar, pero hay que sustentarlo. Como no hubo ninguna voluntad de diálogo, tuvimos que retirarnos. Después comenzamos a hacer contactos para una nueva reunión.
— ¿Cuándo sería?
La probabilidad que estamos discutiendo es que sea este miércoles o jueves. El gobernador regional de Cusco nos va a dirigir oficios a las comunidades y el Ejecutivo, ofreciendo mediación. Vamos a aceptar e, incluso, la propuesta es que sea en la capital del distrito, en Ccapacmarca, pero le estamos pidiendo a las comunidades que primero ellos acepten la convocatoria y después nosotros. Son ocho comunidades, entonces no es fácil que logren un consenso.
— ¿Cuál es la situación en esta zona del corredor minero?
El único tránsito que se está restringiendo es a la empresa Las Bambas. En el marco de la mesa provincial que tenemos con Chumbivilcas desde hace varios meses, uno de los acuerdos fue hacer una fiscalización ambiental de la vía. El OEFA presentó su informe final el 27 de setiembre, cinco días después de que Cancahuani comenzara el bloqueo. Por lo tanto, es difícil pensar que la comunidad solo estaba esperando los resultados de la fiscalización y que podría haber otros intereses detrás del bloqueo.
— ¿Como cuáles?
Algunas comunidades a lo largo del corredor creen que la comunidad de Fuerabamba [Apurímac] tuvo una negociación directa con la empresa y aspiran o tienen la expectativa de un mecanismo similar. El caso de Fuerabamba es que es una comunidad de Apurímac que fue desplazada. El terreno de Yavi Yavi no es comunal, sino privado tranzado en el mercado a diferencia de los terrenos de las otras comunidades, que son comunales. La situación es bien distinta y creo que habría, probablemente, asesores o expectativas en las comunidades que no están considerando suficientemente esa diferencia.
— ¿Cuáles son las diferencias entre este y los otros bloqueos a inicios de año?
Hay una diferencia fundamental en algunos tramos que están siendo bloqueados: el tramo donde está Yavi Yavi se incorporó al sistema vial en el 2016 como vía regional, y luego como vía nacional en el 2018. Pero el tramo de Muyu Orcco se incorporó al sistema vial en el 2008 y el tramo hacia el sur de Yavi Yavi también se incorporó el 2008. La carretera no es una unidad donde todos los tramos están en la misma situación en términos de antecedentes. Es un problema más complejo que simplemente derogar un decreto.
— ¿Qué pasó para que el diálogo se quiebre en esta zona?
La comunidad de Cancahuani [Ccapacmarca] comienza con una agenda muy específica, diciendo que, como así había sido el caso de Fuerabamba, la minera tenía que compensarlos a ellos, y por eso hacen el primer corte. La agenda que nos presentaron en Muyu Orcco es muy cerrada, que no permite dialogar sobre el desarrollo. Vamos a seguir comprometidos con el diálogo y buscando una alternativa, pero también las comunidades tienen que entender que el Estado no puede permitir que una vía nacional se interrumpa indefinidamente.
— ¿Han coordinado con el Ministerio del Interior específicamente para desbloquear la vía?
Hubo algunos desbloqueos porque no hemos querido que los cortes se extiendan a Paruro. La PNP hizo algunos intentos de desbloqueo en Chumbivilcas pero, cuando vimos que eso podía poner en riesgo a nuestra población, decidimos seguir insistiendo y buscar una ventana de diálogo. Apareció la oportunidad de ir a Muyu Orcco, entonces decidimos detener la acción policial. Está dentro de la ley porque ese es el deber de la PNP. Ahora no hay ninguna acción policial en esa zona ni en Paruro ni Chumbivilcas.
— Una vez resuelta la situación en Chumbivilcas, ¿qué garantizará que no se repita a lo largo del corredor? La experiencia con Fuerabamba en Yavi Yavi se extendió ahora a Chumbivilcas.
En el corto plazo, reforzar las actividades de monitoreo ambiental del OEFA y asegurar que las medidas de mitigación de corto plazo se cumplan por parte de la empresa. En un mediano plazo, buscar un mecanismo que nos permita asfaltar la vía lo más pronto posible, existen soluciones técnicas. En el largo plazo, eso lo tendrá que disponer la modificación del estudio de impacto ambiental [EIA], probablemente vamos a exigirle a la empresa que use otra alternativa de transporte de sus minerales. Sobre eso todavía no puedo especular porque será una conclusión de la actualización del EIA. Lo que no podemos permitir es que las actividades económicas afecten a las personas. Tenemos que encontrar que el desarrollo económico que necesitamos se haga sin afectar la vida de la gente.
— ¿La situación se podría agravar?
Yo no especularía, yo creo que ambas partes estamos buscando una opción para poder seguir dialogando.
Contenido Sugerido
Contenido GEC