El Gobierno aprobó a inicios de enero la creación del Fondo de Adelanto Social (FAS), como una medida para recobrar el impulso a la inversión en proyectos extractivos y reducir la conflictividad social.
Este mecanismo –forma parte del paquete de facultades legislativas brindadas por el Congreso– financiará obras como colegios, postas médicas, pistas o viviendas en las zonas adyacentes a los lugares donde se desarrollen proyectos de inversión privada (mineros, energéticos o de infraestructura) durante la etapa previa a su construcción. Este fondo fue anunciado por el presidente Kuczynski durante la pasada campaña electoral.
—Zonas por atender—Este Diario intentó obtener mayores alcances sobre el funcionamiento del FAS; sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas no brindó la información requerida. Solo se sabe que los detalles del FAS serán explicados mediante la emisión de decretos supremos.
Aún quedan aspectos por detallar, como la priorización de las zonas que se beneficiarán. Dicho aspecto sería clave para acelerar las inversiones en cartera. Cajamarca y Apurímac –que concentran el 44% de la inversión minera para los próximos años– figuran dentro del tercio más pobre. La primera ostenta también el índice de pobreza extrema más alto en el país (20% de la población)
La situación es más crítica en las provincias donde se ubican los principales proyectos. En Cotabambas –que además de la mina Las Bambas alberga inversiones adicionales por US$4.800 millones– bordea el 70%.
—Reducir los conflictos—La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía estima que la implementación del FAS permitiría la reactivación de proyectos mineros por US$7.000 millones al 2018.
En total, la cartera estimada de inversiones mineras está compuesta actualmente por 46 proyectos cuyo monto bordea los US$45.600 millones. Doce de estos proyectos (que aún no inician operaciones) enfrentan algún tipo de conflictividad social y representan el 30% de las inversiones comprometidas. Entre los principales destacan Conga (Cajamarca), Cañariaco (Lambayeque), Tía María (Arequipa), Los Chancas (Apurímac) y Ampliación Toromocho (Junín).
“La creación del fondo aborda uno de los factores que es necesario considerar en las zonas de conflicto. La viabilidad de un proyecto minero depende también de las relaciones con la población”, comenta Epifanio Baca, investigador de la ONG Propuesta Ciudadana.
–Incentivos–Una de las fuentes de financiamiento del fondo estará compuesta por donaciones de las empresas. Aún queda pendiente delimitar los incentivos para donar con que estas contarán.
Xennia Forno, especialista en derecho minero del estudio Rubio, Leguía & Normand, considera positivo el carácter ex ante de la inversión social, pero considera que hay aspectos que mejorar en el tratamiento a las donaciones. Actualmente estas se encuentran sujetas al 10% de deducción de la renta neta producida cada año.
“Las donaciones de las empresas que no tienen operaciones o ventas [como las que exploran] no se pueden deducir como gasto. Será necesaria una norma complementaria que permita deducir sus donaciones durante los años que puedan percibir rentas”, explica Forno.
Rocío Liu, abogada tributarista del estudio Miranda & Amado, añade que aún falta explicar si las empresas podrán decidir a dónde se destinan sus donaciones. “Si fuera una donación para la zona del proyecto, las empresas podrían argumentar que contribuyen a crear un mejor ambiente social, y las podrían deducir de su gasto”, explica
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