La Contraloría General de la República demandó por la vía civil a un servidor público de la oficina zonal de Ica de Provías Descentralizado, quien habría ocasionado un perjuicio económico al Estado por un millón 366.000 nuevos soles, monto de una penalidad que se dejó de aplicar.
Según informó el órgano fiscalizador, de acuerdo a una acción de control, dicho servidor incurrió en negligencia grave al remitir de forma extemporánea la ampliación de plazo solicitada por la empresa contratista a cargo de culminar con las obras de afirmado de la carretera Pomacocha –Ccahuanamarca– Oyolo (Ayacucho).
Esta demora ocasionó que el pedido fuera aprobado automáticamente vía el silencio administrativo positivo.
La acción de control halló que, además de la tramitación fuera de plazo, la solicitud fue remitida a la sede central de Provías Descentralizado contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no contaba con la opinión previa de la supervisión de la obra y se verificó que las causales invocadas para pedir mayor plazo eran injustificadas e improcedentes.
OBRASLas obras se iniciaron el 4 de diciembre del 2010, paralizándose de forma intercalada durante los años 2011 y 2012, por tres oportunidades, debido a temporadas de lluvias, suscribiéndose tres adendas de ampliación de plazo por dicho motivo. Por ello, el plazo final para culminarla se estableció al 22 de junio de 2012.
No obstante, faltando tres días para el vencimiento de la fecha de finalización, la contratista solicitó ampliación por 118 días más, invocando causas aparentes y contradictorias.
De haberse denegado la solicitud de ampliación de plazo conforme a ley, la empresa tenía que pagar una penalidad ascendente a más de un millón 366.000 nuevos soles por incumplimiento.
La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General presentó la demanda ante el Juzgado Mixto La Unión Cotahuasi, Arequipa, contra el presunto responsable.
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