Las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene piden “reorientar” la estrategia operacional de las Fuerzas Armadas para acabar con el terrorismo y el narcotráfico que controlan esta zona del Vraem. En el último año, dicen, han observado la presencia de personas desconocidas y armadas cerca de sus comunidades, lo que ha despertado muchos temores en estas poblaciones indígenas de la selva.
A raíz del asesinato de 16 personas por remantes de Sendero Luminoso aliados con el narcotráfico en el Vraem, la Central Asháninka del Río Ene (Care) emitó un pronunciamiento en el que piden al Ministerio Público y a la Policía Nacional una exhaustiva investigación “sin politizar los hechos”, pero también cuestionan que en más de 14 años de vivir bajo estado de emergencia no se haya podido acabar con las organizaciones criminales que operan sin control en estos territorios.
“Lo antes señalado (presencia de narcosenderistas) nos permite inferir que el servicio de inteligencia y la estrategia operacional del CCFFAA no son eficientes ni efectivas, lo que ha facilitado el crecimiento del narcotráfico. […] ¿Por qué a pesar de haber transcurrido más de 14 años no se ha logrado eliminar al grupo criminal? ¿Por qué se permitió que el narcotráfico crezca de manera abismal que ya está fuera de su control?”, dice el comunicado.
Ángel Pedro Valerio, presidente de Care, dijo a El Comercio que las poblaciones asháninkas del Ene están preocupadas por lo que pueda suceder si el Estado no interviene en esta zona con acciones como fortalecer a los comités de autodefensa y no, por el contrario, desactivando más de 40 de estos grupos organizados de la población. Según el líder indígena, en las comunidades de Osherato, Boca Saureni, Pichiquia, Tsiquireni, Samaniato, Centro Meteni y Catsingari ya se desactivaron los comités de autodefensa.
-Extraños y armados-
En marzo de este año, habitantes de la comunidad de Potsotincani (ubicada en el distrito de Río Tambo, a cinco horas caminando del lugar de la masacre en Vizcatán del Ene) salieron al monte a cazar y se encontraron con unas 40 personas desconocidas y armadas. “Los extraños los han amenazado si no se iban”, contó Valerio. Este hecho se puso en conocimiento de las Fuerzas Armadas, pero –según comenta– los militares no acudieron a la zona.
En Potsotincani, donde viven unas 30 a 35 familias, tienen otro problema. Valerio cuenta que la base militar Villa Esmeralda le ha negado el reconocimiento al comité de autodefensa de la comunidad. “Han respondido que tiene un proyecto para la desactivación de varios comités de autodefensa. Nos están desarmando, porque al desactivarse los comités se tienen que comisar las armas que nos dio el Estado para defendernos”, cuestionó Valerio.
Así como sucedió en Potsotincani, en la comunidad asháninka de Camantavishi (distrito Río Tambo) también la población ha reportado la presencia de personas extrañas y armadas. En una salida al monte, encontraron a un grupo de cuarenta extraños cargando mochilas y abriendo trochas que marcaban con cintas.
En este caso se dio parte, cuenta Valerio, a la base antisubversiva Micaela Bastidas 79, pero los militares tampoco han ido a la zona. “Piden que les demos coordenadas, evidencias, croquis, pero eso los asháninkas no pueden hacerlo porque no están preparados”, comenta el líder indígena.
En la comunidad de Parijaro, que colinda con la Reserva Comunal Asháninka (administrada por el Sernanp), la población encontró este año a una persona sin vida en el río. Esta no pertenecía a la comunidad. Se ha dado conocimiento del caso a las autoridades y también se ha informado que en la misma reserva estarían viviendo personas no identificadas, pese a la prohibición. “En el río están apareciendo botellas, bolsas plásticas, sandalias”, cuenta.
Cerca del poblado San Miguel del Ene, donde fueron asesinadas 16 personas, están las comunidades asháninkas de Catungo Quimpiri, Tsirutiari bajo, Tsirutiari Alto, Paveni, Satarontsiato, Quimaropitari Centro, Quimaropitari Alto, Pampa Alegre y Potsotinkani.
Miguel Gimaraes, líder indígena de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), dijo que el problema de la violencia y el narcotráfico imperante en el Vraem se está extendiendo a otras zonas como Ucayali ante la “inacción del Estado”. Más allá de algunos esfuerzos de Devida, como la refacción de locales comunales y la instalación de proyectos piscícolas, no existe –dice– una intervención multisectorial para el control de las actividades ilícitas.
“Ya no se puede caminar tranquilo después de las cuatro de tarde. Yo mismo no puedo regresar a mi comunidad hace cuatro porque estoy amenazado de muerte. Es complicado. Lo más triste es que todos los días ingresan embarcaciones con combustible y químicos para la producción de droga”, advierte Guimaraes y cuestiona que las reuniones que han sostenido con ministros y altos funcionarios del Gobierno en los últimos meses no se han volcado en acciones concretas.
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